El Gobierno de Chile y la oposición conmemoraron hoy de forma separada el 40 aniversario del golpe de Estado de Augusto Pinochet, unidos por la petición de verdad y justicia pero divididos sobre la responsabilidad que cada bloque tuvo en las circunstancias previas a la asonada.
El presidente Sebastián Piñera encabezó un acto en el Palacio de La Moneda y la exmandataria y candidata presidencial Michelle Bachelet otro que empezó dos horas antes en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Ambos señalaron que las violaciones a los derechos humanos son injustificables, pero mientras Bachelet reclamó que el golpe solo es responsabilidad de quienes lo cometieron y lo justificaron, Piñera consideró que existen responsabilidades compartidas, aunque no equivalentes.
Ellos fueron los únicos oradores en estos actos celebrados dos días antes del aniversario del golpe del 11 de septiembre de 1973 contra el presidente Salvador Allende y poco más de dos meses antes de las elecciones del próximo 17 de noviembre.
La oposición de centroizquierda declinó la invitación del Gobierno, el primero de derecha que gobierna el país después de la dictadura (1973-1990) y celebró su propio encuentro.
Ante integrantes de los partidos oficialistas, en los que hay sectores que estuvieron junto a Pinochet y aún lo defienden, Piñera señaló que el Gobierno del socialista Allende (1970-1973) "quebrantó la legalidad y el Estado de derecho".
Según dijo, en ese periodo "el resquebrajamiento de la democracia y las malas políticas públicas fueron generando un creciente caos político, económico y social".
"Ello no significa, por supuesto, que todas las responsabilidades sean equivalentes, pero sí que fueron mucho más compartidas de lo que algunos todavía sostienen", afirmó.
"Algunos quisieran creer que toda la responsabilidad recae en quienes cometieron u ordenaron cometer las violaciones a los derechos humanos", señaló el presidente, que consideró que "también tienen responsabilidad aquellos que no respetaron el Estado de derecho y promovieron la intolerancia, el odio y la violencia".
Por su parte, Bachelet, favorita a las elecciones de noviembre como candidata de un conglomerado que reúne desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, reconoció que es "justo hablar de la agudización del conflicto social" durante el Gobierno de la Unidad Popular.
"Lo que no es justo es hablar del golpe de Estado como un destino fatal e inevitable. No es justo afirmar que hubiera una guerra civil en ciernes, porque para dar continuidad y respaldo a la democracia se requería más democracia, no un golpe de Estado", recalcó ante integrantes del pacto electoral Nueva Mayoría.
"Las responsabilidades de la implantación de la dictadura, los crímenes cometidos por agentes del Estado, la violación de los derechos humanos no son justificables, no son inevitables, y son responsabilidad de quienes los cometieron y los justificaron", subrayó.
El presidente, que en este acto no habló de "dictadura", coincidió en que no hay justificación para las violaciones de los derechos humanos, que dejaron 38.000 víctimas de prisión política o tortura y más de 3.000 fallecidos, de los que unos 1.200 siguen desaparecidos.
"Ninguno de los hechos, causas, errores o responsabilidades que condujeron al quiebre de nuestra democracia justifican los inaceptables atropellos a la vida y la integridad de las personas", apuntó Piñera, que votó por el "no" a la continuidad de Pinochet en el plebiscito de 1988.
En tanto, Bachelet, que fue torturada y cuyo padre, un general leal al presidente Allende, falleció por los apremios que le infligieron sus compañeros de armas, advirtió además de que sin verdad y justicia no habrá reconciliación en el país.
"La verdad, porque tenemos necesidad de conocer lo que vivieron las víctimas y qué pasó con ellos (…). Y la justicia, porque allí donde la justicia se niega, la impunidad ocupa su espacio ahondando las fracturas de un pueblo", subrayó.
Piñera, por su parte, señaló que se debe hacer lo necesario para aliviar "el dolor y sufrimiento" de quienes aún desconocen el paradero de sus familiares "avanzando en la verdad, justicia, reparación y reconciliación", y apuntó que "quienes tengan información relevante, tienen la obligación moral de entregarla".
Sin embargo, pocos son los exuniformados que han colaborado con la justicia, mientras el tiempo pasa para todos.
Los tribunales tramitan hoy 1.250 procesos, por los cuales han sido juzgados 911 exagentes, de los que 263 han recibido sentencia condenatoria definitiva -solo 66 cumplen pena efectiva- y el resto espera aún el resultado del juicio.
Bachelet se medirá en noviembre a la candidata oficialista Evelyn Matthei, hija de un general que integró la Junta Militar. Matthei afirmó hoy que "las violaciones a los derechos humanos no son aceptables nunca". /EFE