EFE
El director general del Sistema Penitenciario guatemalteco, Juvell De León, se comprometió hoy en solicitar apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicg) para combatir a las mafias al interior de la institución y los criminales que operan en las prisiones.
En una reunión de análisis y discusión de la ley de terminales móviles en la que participó De León, éste manifestó que buscará "los acercamientos para solicitar apoyo en acompañamiento, capacitación de investigadores de la inspectoría del régimen penitenciario y en los procesos administrativos".
La solicitud de apoyo se hará "lo más pronto posible", indicó el director de Presidios, quien llegó al cargo a finales de agosto de 2017.
Desde entonces han sido suspendidos 50 guardias, quienes han sido puestos a disposición de las autoridades y están siendo investigados por posibles actos de corrupción y vínculos con las estructuras criminales que se encuentran en prisión.
"Los guardias ya se dieron cuenta que no vamos a permitir actos de corrupción", indicó De León, y afirmó que ahora la mayoría de estos se encuentran "motivados pese a las amenazas".
Durante la reunión llevada a cabo en un hotel en el centro histórico de Ciudad de Guatemala, la congresista opositora Nineth Montenegro, jefa de bancada de Encuentro por Guatemala, emplazó a las autoridades penitenciarias a acercarse a la CICIG a solicitar apoyo, pues "el problema de las cárceles ha rebasado al Estado".
Según Montenegro, Presidios debería hacer una "reingeniería del personal", ya que éste "está fallando y deja ingresar (a los visitantes y reos) cualquier cosa a las prisiones".
Ahora hay "artículos sofisticados" que sobrepasan bloqueadores de señal de teléfonos móviles y sistemas de seguridad, puesto que "la tecnología nos ha rebasado", por lo cual Presidios "debería apoyarse en la CICIG, porque el recurso humano está colaborando con el crimen organizado".
Los escáneres y bloqueadores de señal "son ineficientes" frente a las mafias y redes "que van más allá de las capacidades del Estado y de las propias empresas de telefonía", indicó la congresista al concluir la reunión en la que también participaron el Superintendente de Telecomunicaciones y representantes de las empresas telefónicas.
La gerente de regulación de Claro, subsidiaria de la mexicana América Móvil, Karen Cabrera, indicó que apoyarán a las autoridades y a la sociedad guatemalteca y expresó que la mayoría de las fallas de los bloqueadores de señal se deben a "sabotajes" desde dentro de las prisiones, como el corte de suministro a la energía, bajas y subidas a los reguladores y manipulación de los mismos.
Pese a las quejas y los altos índices de criminalidad en el país centroamericano (26,1 asesinatos por cada 100.000 habitantes), De León insistió en que las extorsiones y los homicidios "han disminuido, derivado de las acciones de requisas".
En las requisas realizadas la última semana de enero, durante seis días consecutivos las fuerzas de seguridad encontraron en el sector 11 del Preventivo de zona 18 una gran cantidad de armas, entre ellas dos subametralladoras, granadas, cuchillos y machetes, además de teléfonos celulares.
En Guatemala hay 23.235 reos, de los cuales 20.804 son hombres y 2.421 mujeres, repartidos entre los 22 centros que tienen capacidad para 7.000 habitantes, lo que significa una sobrepoblación del 350 por ciento, según datos del Sistema Penitenciario.
2018-02-07