El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), el chileno José Miguel Vivanco, sugirió hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que le conceda al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, destituido por la Procuraduría General, las medidas cautelares que este le solicitó en 2013.
Vivanco señaló que las medidas podrían frenar la salida del cargo de Petro debido a que la decisión del Ministerio Público aún no ha sido notificada y la Corte IDH está a tiempo para emitir su concepto sobre el proceso administrativo que, según él, "no puede destituir a una autoridad elegida".
"Nos encontramos con una situación muy especial por cuanto se trata de una autoridad administrativa la que decide la destitución de una autoridad elegida sin que exista un delito sino un juicio crítico respecto de la gestión del alcalde. Justamente esto es los que la Comisión Interamericana prohíbe", explicó.
"Que un funcionario administrativo, que no es un tribunal, pueda llegar a cualquier país a ordenar la sanción más grave, que es su destitución e inhabilidad, simplemente porque el procurador difiere respecto de la gestión política de una autoridad elegida, eso está prohibido explícitamente en la Convención", sostuvo el chileno.
El director de la ONG internacional aclaró que aunque no es experto en leyes colombianas, ha revisado la Constitución y ha podido determinar que si bien el procurador puede "abrir investigaciones disciplinarias", lo que no ve "es la autorización explícita para ordenar la destitución de una autoridad elegida".
"(El Ministerio) está facultado para investigar disciplinariamente y sancionar, pero lo que no veo es una facultad sobre la sanción más grave sobre una autoridad elegida que es la destitución. Eso es una materia que debería ser objeto de análisis en Colombia”, señaló Vivanco.
"Aquí estamos enfrentados ante una violación inminente de un artículo de la Comisión Interamericana que es el derecho a participar y hacerse elegir. Solamente por una condena dictada por un juez para destituir y limitar el derecho de una autoridad ya elegida se puede acatar lo que sucede ahora con Petro", agregó.
La Corte IDH solicitó hace una semana al Estado colombiano información sobre la destitución de Petro, quien además fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años en un fallo proferido por la Procuraduría General el pasado 9 de diciembre y ratificado este lunes.
Asimismo, el ex miembro del desmovilizado grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19), se reunió a mediados del mes pasado en Washington con el secretario ejecutivo de la Corte IDH, Emilio Álvarez Icaza, para presentar su caso y nuevos documentos para sustentar su solicitud de protección.
En el fallo de destitución, que hoy fue suspendido temporalmente por un tribunal colombiano, el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, argumentó que el alcalde cometió faltas "gravísimas" durante la modificación del esquema de recolección de la basura de la ciudad en 2012.
El alcalde izquierdista canceló los contratos que el Distrito Capital tenía con empresas privadas encargadas de esa tarea, con el objetivo de ahorrar costos, y le dejó la responsabilidad a la empresa pública de acueducto, lo que produjo hace un año una gran acumulación de basura en la ciudad que se extendió por tres días.
Aunque por ahora la destitución del alcalde está suspendida, su defensa confía en que la Corte IDH conceda las medidas cautelares a favor de Petro, quien fue elegido por más de 700.000 ciudadanos para ejercer el cargo entre el 1 de enero de 2012 y la misma fecha de 2016.
Sin embargo, Ordóñez ha afirmado que el concepto sobre el caso que dé la Corte IDH "no es vinculante", es decir que sus argumentos no son de obligatorio cumplimiento para el Estado, por lo que queda a discreción de la Procuraduría y el Gobierno aplicarlos o no.
Martes 14/01/2014