La Iglesia argentina se sumó hoy al Gobierno y a otras fuerzas políticas y sociales en la condena de los linchamientos registrados en las últimas semanas en medio de una tensa polémica sobre el papel del Estado para velar por la seguridad.
El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Jorge Lozano, advirtió de que "si es por mano propia no es Justicia" y pidió "acudir a las autoridades correspondientes" cuando se presencie un delito.
En declaraciones a medios locales, Lozano subrayó que los linchamientos "no son una reacción lógica sino emocional y con un serio componente de irracionalidad".
El obispo aseguró que entre las causas que provocan estos episodios violentos está "el cansancio o hartazgo ante lo reiterado de los robos y asesinatos sin que se cuente con respuesta desde la Justicia y las fuerzas de seguridad".
La condena de la Iglesia refuerza los llamamientos del Gobierno argentino a evitar que "se aplique la ley del Talión" y recurrir en cambio a las fuerzas de seguridad y la Justicia.
El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, consideró hoy que las agresiones representan "expresiones grandilocuentes o de una extrema derechización" y pidió evitar la estigmatización de pobres y excluidos.
También alzó la voz el premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, quien alertó de que "se ha generado una psicosis colectiva de miedo que alienta sectores que buscan hacer Justicia por mano propia, frente a la ausencia de las fuerzas de seguridad".
"Los ciudadanos tenemos derecho a nuestra seguridad, si alguien la viola el camino es la Justicia, no la venganza que engendra nuevos victimarios", indicó Esquivel en su página web.
La oposición política argentina compartió los llamamientos para frenar las agresiones, pero apuntó también a la responsabilidad gubernamental.
"Aparecen porque hay un Estado ausente", dijo recientemente el diputado nacional y líder del Frente Renovador Sergio Massa, quien recalcó que "la sociedad no quiere convivir con la impunidad".
Massa, partidario de endurecer las penas a los delincuentes, afirmó que los argentinos "necesitan al Gobierno garantizando el Estado de Derecho y un sistema de sanciones que repriman las conductas al margen de la ley".
El alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, echó más leña al fuego al confesar que es "una tranquilidad" y "un alivio" que una de sus hijas mayores se vaya a vivir fuera del país debido a la "situación de inseguridad" que se vive en Argentina.
Al ser consultado por los linchamientos en radio Vorterix, Macri resaltó que se trata de un "fenómeno nuevo" que se da "por la desesperación de la gente de sentirse indefensa y abandonada, y ver como la delincuencia se mueve con tanta naturalidad".
El último en sumarse fue el ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, quien advirtió de que "las reflexiones justificadoras de Macri y Massa no ayudan para nada" a resolver el problema, pero agregó que "la derecha tiene este estilo".
La paliza que dio pie al actual debate político y mediático se produjo la semana pasada en Rosario, cuando un grupo de vecinos golpeó ferozmente a un joven de 18 años, quien murió después de agonizar durante cuatro días.
Desde entonces, se han registrado al menos una decena de linchamientos en distintos puntos del país, entre ellos, en las ciudades de Rosario (centro), Córdoba (centro), Santa Fe (centro), La Rioja (noroeste) y Buenos Aires.
El último caso de Justicia por cuenta propia se conoció hoy, cuando un agente retirado de Prefectura mató de un balazo a un joven que le robó su camioneta en Mar del Plata, a unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.
EFE