El presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, cardenal Rubén Salazar, hizo este martes un llamado a los jueces y notarios de la fe pública para que se nieguen a celebrar ceremonias para unir a parejas gay, como lo dispuso desde hace varios meses la Corte Constitucional.
Tras fracasar en el Congreso un proyecto de ley que buscaba permitir el matrimonio gay en Colombia, quedó vigente una sentencia de la Corte Constitucional que indica que los jueces y notarios quedan facultados para celebrar actos solemnes de vínculo marital, que legalmente no serán denominados matrimonio, a partir del próximo jueves.
Salazar, que además es arzobispo de Bogotá, dijo a los jueces y notarios que no pueden ser obligados por el Estado a celebrar esas uniones si no están de acuerdo por sus creencias religiosas.
"La conciencia no puede ser violentada. La conciencia es sagrada y hay que respetarla", dijo Salazar, tras reiterar que para la Iglesia católica "no existe otra familia que la constituida en su origen por la unión del hombre y de la mujer".
"Ninguna ideología puede cancelar del espíritu humano la certeza de que el matrimonio y la familia existen, únicamente, entre dos personas de sexo opuesto que por medio de la recíproca donación tienden a la comunión de sus personas y a la procreación", agregó.
Interrogado sobre si esa petición de la iglesia a los funcionarios públicos podría ser interpretada como un acto de discriminación contra los homosexuales, Salazar respondió que esa figura se presentaría si se pidiese no respetar derechos de esa comunidad.
"El argumento que siempre se ha esgrimido es el de la discriminación, pero se discrimina cuando se le niega el acceso a un derecho que se tiene, pero cuando no hay un derecho real entonces no hay discriminación", aseguró el cardenal.
"¿Que es lo que se le está negando a la comunidad homosexual? Se le está negando algo que no le compete, algo a lo que no tiene derecho, porque el matrimonio y la familia están basados por leyes naturales fundamentales", añadió.
Dirigentes de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero rechazaron las declaraciones de Salazar y dijeron que la Iglesia católica no puede pedir a los funcionarios públicos que no cumplan con su deber.
"Nos preocupa que la Iglesia católica llame a la desobediencia frente a uno de los organismos más reconocidos, más democráticos y más serios dentro del reconocimiento de derecho como lo es el alto tribunal (Corte Constitucional)", dijo Marcela Sánchez, dirigente de la organización Colombia Diversa.
El proyecto de ley que buscaba permitir el matrimonio gay se hundió en el Senado en abril pasado por 51 votos contra 17.
El tema empezó a ser discutido en 2010, cuando un grupo de abogados presentó una demanda ante la Corte Constitucional para que se reformara el Código Civil, que solamente reconoce como matrimonio las uniones entre un hombre y una mujer.
La corte se abstuvo de pronunciarse sobre el tema, alegando que la presentación de la demanda tenía errores de forma, y en 2011 dejó el asunto en manos del Congreso al fallar sobre una segunda demanda.
Los magistrados dijeron en ese entonces que no se debe discriminar a las parejas homosexuales, pero hicieron énfasis en que era el Congreso el encargado de modificar la definición de familia contenida en la Constitución desde 1887, ratificada en 1991, que ubica su origen en la unión de un hombre y una mujer.
El alto tribunal señaló en ese momento que si el Congreso no legislaba en la materia, "las parejas homosexuales pueden ir ante un notario y con la misma solemnidad del matrimonio heterosexual establecer un vínculo, con consecuencias similares al de una pareja heterosexual" a partir del 20 de junio de 2013.