sábado, febrero 27, 2021

Justicia española acuerda entregar a Venezuela a acusado de estafa

La justicia española acordó extraditar a Venezuela a Ernesto Luis Quintero Méndez, acusado de un delito de estafa continuada en ese país. Cuando trabajaba en una casa de bolsa de la ciudad de Maracaibo. Al vender inversiones de sus clientes sin su autorización y desviar los fondos a las Islas Vírgenes.

Con esta decisión, conocida este viernes, la justicia pone fin al proceso de extradición de Quintero abierto hace dos años. Después de que el venezolano, reclamado por las autoridades de su país, fuera detenido en Madrid en febrero de 2019.

Quintero recurrió en varias ocasiones su extradición aludiendo que, con su entrega «política» a Venezuela, corría peligro su vida y la de su familia. Pero en diciembre pasado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestimó su recurso.

El abogado de Quintero, Ismael Oliver, avanzó que solicitará la suspensión de la ejecución de la entrega y pedirá amparo al Tribunal Constitucional español.

Fuentes jurídicas añadieron que las últimas elecciones en Venezuela no cambiaron esa situación de peligro para el acusado si lo entregan a Venezuela. Por lo que pedirá asilo político en España.

Oposición rechaza extradición

Por su parte, el representante en España de Juan Guaidó, Antonio Ecarri, considera que «llevar a cabo cualquier extradición de un venezolano en este momento sería condenarlo a muerte. Por cuanto es ampliamente conocido que el gobierno usurpador de Venezuela tiene denuncias como violador de los derechos humanos». Según un comunicado remitido a la prensa.

Según el auto judicial, Ernesto Luis Quintero Méndez está acusado de un delito de estafa por «haber vendido sin autorización de sus titulares títulos valores. Desviando los fondos a otra entidad con sede en las Islas Vírgenes Británicas».

La resolución detalla que diversos responsables y trabajadores de ABA Mercado de Capitales, Casa de la Bolsa S.A, entre ellos Quintero, «hicieron un manejo fraudulento de las inversiones de sus clientes», con ventas y traspasos de los títulos valores sin su autorización.

En 2010 la empresa quedó intervenida por el Estado, en la que el acusado siguió trabajando otros tres años. Una situación que demuestra que las autoridades venezolanas no estaban en contra de las empresas destinadas a hacer inversiones, tal y como alegó el acusado.

Tampoco hay datos que permitan deducir que la reclamación obedezca a una persecución política porque «no habiendo cambiado el régimen desde el 2010 y habiendo permanecido el reclamado en su país varios años después de la intervención, no hay cambio de criterio político».

De hecho, la justicia española sostiene que Venezuela no reclamó judicialmente a Quintero «hasta que no se aclaró la falta de los depósitos realizados por pequeños ahorradores».

«No se deduce de la reclamación presentada la existencia de ningún motivo que permita deducir que el reclamado será objeto de malos tratos o vulneración de sus derechos fundamentales», concluye el auto que ordena la entrega a Venezuela del acusado.

EFE

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