La Justicia española citó a declarar el domingo a los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) que el viernes dieron a conocer el sellado de una parte del armamento de ETA, según fuentes jurídicas citadas hoy por los medios españoles.
La orden responde a la petición del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), que solicitó a la Audiencia Nacional interrogar a los seis miembros de este grupo mediador y pedirles datos sobre el paradero de los etarras con los que se reunieron recientemente con el objetivo de facilitar su detención.
El gobierno regional del País Vasco consideró "difícil de entender" que se ponga trabas a entidades "de prestigio internacional" y acusó al Estado de no facilitar el desarme, tal y como dijo el secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, en declaraciones a Radio Euskadi.
La izquierda independentista vasca también criticó la decisión del juez. El grupo EH Bildu dijo que el Estado busca "enredar, obstaculizar, putear, imposibilitar y boicotear" el proceso.
La citación judicial tiene lugar un día después de que la CIV anunciara en el norte de España un desarme parcial de la organización independentista armada y entregara a la BBC la grabación en video de la escenificación de la puesta en fuera de uso de parte de su arsenal.
En las imágenes, filmadas en enero en un lugar no identificado, se observa a dos mediadores de la CIV junto a dos etarras encapuchados, cuya identidad las víctimas quieren conocer.
En total, ETA inutilizó cuatro armas de fuego, dos granadas, 300 balas y 16 kilos de explosivos. La partida se consideró "insuficiente" en España y el gobierno de Mariano Rajoy tildó el paso dado por la organización independentista de "teatralización".
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, deslegitimó a la CIV y dijo que para el desarme de ETA no son necesarios verificadores internacionales sino que bastan las fuerzas de seguridad del Estado.
La comisión se constituyó en septiembre de 2011 -un mes antes de que ETA anunciara el cese definitivo del terrorismo- bajo el impulso de la izquierda independentista vasca que antaño ejerció de brazo político del grupo armado y el abogado sudafricano Brian Currin.
El portavoz del grupo, el ceilandés Ram Manikkalingam, insistió el viernes en que el paso dado por ETA es "necesario" y "previo al desarme completo". "Creemos que esto conducirá a la puesta fuera de uso de todas las armas y explosivos de ETA", señaló en su comparecencia en la ciudad de Bilbao, en el norte de España.
El grupo armado ha matado a más de 800 personas durante medio siglo en su afán de lograr la independencia del País Vasco del resto de España. Más de medio millar de sus miembros continúan en prisión y la policía española sigue investigando y deteniendo a personas relacionadas con la banda. /DPA