La Justicia de Río de Janeiro suspendió la concesión obtenida por el consorcio privado formado por las empresas Odebrecht, IMX y AEG para administrar por los próximos 35 años el estadio Maracaná, debido a la constatación de "ilegalidades" en el proceso de licitación.
Según informan hoy medios locales, además de impedir la firma del contrato de concesión al consorcio del que forma parte el magnate brasileño Eike Batista, la jueza Gisela Faria determinó que la gobernación de Río deberá pagar una multa de cinco millones de reales (unos 2,5 millones de dólares) en caso de no cumplir su resolución.
Faria refuta diversos puntos defendidos por la gobernación carioca para justificar la adjudicación a privados de la administración del Maracaná, y rechaza que sea necesaria, tal como alegan las autoridades, la ejecución de algunas obras en el entorno del estadio previstas en el proyecto.
La jueza constata "la presencia de ilegalidades que contaminan la licitación en cuestión, y, como consecuencia, el contrato de ella decurrente".
La Fiscalía carioca detalló en la mañana de hoy algunas de las obras cuestionadas, como la demolición de un parque acuático y un estadio de atletismo localizados en las cercanías del mítico palco del fútbol brasileño, las cuales, alega, no son necesarias para la realización del Mundial de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.
"El resultado es que tal como fue elaborado, el proyecto de concesión administrativa del Maracaná alterará significativamente todo el entorno del estadio, afectando directamente los intereses sociales de esa colectividad", expresó la jueza en su veredicto.
También se cuestiona explícitamente la participación en la licitación de la empresa IMX, del multimillonario brasileño, puesto que dicha empresa estuvo a cargo del estudio de viabilidad de la concesión, lo que, según la Fiscalía, deriva en que el proceso sea favorable a IMX, que tuvo acceso a información privilegiada y exclusiva.
Otro aspecto objetado por la Fiscalía es la baja rentabilidad que el negocio le redituará al gobierno, de sólo el 2,86 por ciento de los ingresos que se estima obtendrá el socio privado, lo que, señala, a la larga acabará generándole cuantiosos perjuicios económicos.
La licitación para la privatización del "templo del fútbol" se inició el 11 de abril pasado y generó protestas de movimientos sociales y de grupos políticos de izquierda, que acusaron al gobernador de Río, Sergio Cabral, de entregar al sector privado uno de los "máximos símbolos" del país./DPA