La reciente reforma que limita el concepto de Justicia Universal en España empezó ya a generar dudas acerca de su constitucionalidad en los juzgados de la Audiencia Nacional que instruyen causas relacionadas con genocidio y crímenes de guerra.
Jueces y fiscales de la Audiencia apuntaron hoy la hipótesis de que el Tribunal Constitucional tenga que acabar dirimiendo acerca de la reforma de la Justicia Universal, aprobada en las últimas semanas por el Parlamento y por la cual los jueces españoles ven limitada su capacidad de acción en algunas causas.
Así, sólo podrán investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada.
Los seis juzgados de la Audiencia Nacional investigan causas como el supuesto genocidio chino en Tíbet y el de Ruanda en 1994, la muerte de seis jesuitas en 1989 en El Salvador, el asalto y quema de la Embajada de España en Guatemala en 1980 o la muerte de un camarógrafo de una cadena española en Irak en 2003 por disparos de militares estadounidenses.
La reforma legal aprobada por el Parlamento implica el archivo automático de las causas y los titulares de esos juzgados se encontraron con una situación ante la que ya empezaron a reaccionar.
Los seis magistrados se dirigieron a las partes, entre ellas la Fiscalía, para que informen sobre los efectos en las causas que tramitan de la reforma de la justicia universal.
Uno de ellos, el juez Fernando Andreu, fue hoy más lejos y directamente pidió a las partes si cabe plantear un recurso de inconstitucionalidad por la reforma del concepto de Justicia Universal.
El movimiento de Andreu tuvo lugar después de que el martes el juez Santiago Pedraz se negara a archivar la causa de la muerte del camarógrafo José Couso, por entender que en este caso es de aplicación la Convención de Ginebra sobre muerte de civiles en conflictos.
A este respecto, el fiscal de este caso pidió hoy a Pedraz que archive el caso y permita así a las partes plantear cuestión de inconstitucionalidad por la reforma, aunque criticó al magistrado por entender que alegar que la Convención de Ginebra prevalece sobre la norma española es una "extralimitación competencial".
Couso murió en Bagdad en 2003 tras ser alcaznado por los disparos de un carro de combate estadounidense.
Aparte de su negativa a archivar el llamado "caso Couso" el juez Pedraz pidió a las partes su opinión acerca de si se puede aplicar la reforma legal al asalto a la Embajada española en Guatemala por fuerzas policiales, que causó 37 muertos.
Fuentes jurídicas sugieren que la Fiscalía de la Audiencia Nacional podría ser favorable a mantener abiertos algunos de estos casos, ya que semanas atrás expresó alguna queja por la reforma, al entender que puede limitar la investigación de delitos.
La limitación de la Justicia Universal fue aprobada por las dos Cámaras del Parlamento con el único respaldo del gobernante Partido Popular (centroderecha) y el rechazo de la oposición.
El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, advirtió al juez Pedraz de que está obligado a cumplir las leyes y que, por tanto, no se puede negar a aplicar la reforma de la justicia universal al "caso Couso" y tachó su actitud de "extravagante".