La Unión Europea (UE) busca atajar la amenaza radical islámica que representan los ciudadanos de muchos países europeos que marchan voluntariamente a luchar en el conflicto de Siria, donde se exponen a ideas antioccidentales.
Las instituciones comunitarias han constatado un número creciente de europeos -entorno a 600- que han cruzado las fronteras de la UE para participar junto a las fuerzas opositoras en los combates que los enfrentan al régimen de Bachar al Asad.
Los ministros del Interior de los Veintisiete abordarán esta problemática en el próximo Consejo de ministros del ramo en Luxemburgo, los días 6 y 7 de junio, con el objetivo de establecer mecanismos de cooperación que ayuden a hacer frente a esta amenaza.
"Tenemos que trabajar en la manera en cómo impedimos que la gente abandone Europa para ir a Siria y saber qué hacemos cuando éstos vuelven", indicó el coordinador europeo antiterrorista, Gilles de Kerchove, en un vídeo difundido por el Consejo de la UE.
"Podemos suponer que no todos están radicalizados cuando marchan, pero que son entrenados para luchar y expuestos a ideas radicales", agregó Kerchove, quien alertó de la amenaza de que puedan planear ataques terroristas una vez hayan vuelto a sus países de origen.
Según fuentes comunitarias, los responsables del Interior debatirán un documento que, entre otras medidas, propone controles de la información los pasajeros, la imposición de penas o sanciones administrativas y el refuerzo de la cooperación internacional.
El objetivo de estas propuestas es impedir que más ciudadanos marchen en este tipo de misiones y perseguir a aquellos que finalmente lo hagan.
En este sentido, Bruselas apuesta por una prevención de la radicalización a nivel local, con la ayuda de trabajadores sociales, agentes de policía y escuelas, con el objetivo de poder detectar cualquier signo de radicalización en una fase temprana.
Además, propusieron sanciones de tipo administrativo, tales como el bloqueo de bienes o la retirada de beneficios sociales, aunque pidieron un informe a la agencia europea de cooperación de justicia Eurojust para que proponga las medidas que considere adecuadas.
Asimismo, plantearon un sistema europeo de registro de datos de pasajeros (PNR, en sus siglas en inglés) para procesar la información que ayude a detectar los casos que pudiesen levantar sospechas, que serían derivados a las autoridades competentes.
También defienden la colaboración con otros países, sobre todo de los Balcanes y del Norte de África, como Túnez, de donde calcula que han salido ya unos 1.000 combatientes, que podrían ser una fuente de inestabilidad para la nueva democracia cuando vuelvan.
Entre las medidas también destaca un mayor control de las redes sociales, que las instituciones europeas ven como un posible centro de reclutamiento, al tiempo que alertaron de que "su retórica no es sólo contra Al Asad sino también contra Occidente". EFE