AFP
Decenas de miles de docentes de Argentina están marchando el miércoles hacia la Plaza de Mayo, frente a la casa de gobierno para reclamar una negociación salarial nacional que compense la pérdida de poder adquisitivo por la alta inflación.
Carteles con la leyenda "caí en la escuela pública, pero estoy aprendiendo", eran llevados por alumnos y maestros.
Fue la repetida e irónica respuesta al presidente Mauricio Macri, quien el martes se lamentó en un discurso público de "los que tienen que caer en la escuela pública", a diferencia de los estudiantes que asisten a colegios privados.
"Esto expresa el malestar de la docencia argentina", dijo al encabezar una multitudinaria columna una de las líderes de la movilización, Sonia Alesso.
10 millones de estudiantes y 650.000 docentes, las clases están afectadas, según cálculos gremiales. En la mayoría de las escuelas, el ciclo lectivo no comenzó.
Maestros de los niveles primarios e iniciales abren cada día las puertas de los comedores escolares para dar un plato de comida a niños pobres o de familias de bajos recursos.
Una guerra verbal está instalada entre Macri y los sindicalistas docentes.
El sábado Macri puso como buen ejemplo la fotografía de un maestro que daba clases entre las ruinas de la ciudad de Hiroshima después de la bomba atómica que arrojó Estados Unidos y arrasó con 150.0000 vidas y bienes materiales.
Los sindicatos docentes le contestaron que era una falta de respeto comparar a Hiroshima con un conflicto salarial con educadores.
En la provincia de Buenos Aires, la más poblada, la gobernadora macrista María Eugenia Vidal, intentó quebrar la huelga primero con la convocatoria a 60.000 voluntarios. Los directivos escolares se opusieron al considerar un error grave poner a los niños en manos de gente sin preparación docente ni control.
Vidal contraatacó y dijo que se pagaría un adicional de 1.000 pesos (unos 60 dólares) a los maestros que no hiciesen huelga. Los gremios consideraron humillante el supuesto premio.
Los docentes piden un aumento salarial de 35%, por la inflación de más del 40% medida por las consultoras económicas el año pasado y que acumula 3,8% en 2017. El gobierno no quiere que los reajustes de salarios superen el 17% e intenta disciplinar con este "caso líder" al resto de los sindicatos.