AP
Un total de 88 escuelas del norte de México no podrán iniciar las clases este lunes, como en el resto del país, ante el peligro de que puedan consumir agua contaminada con los 40.000 metros cúbicos de ácidos procedentes de una mina de cobre que se vertieron en dos ríos de la zona, informaron autoridades.
En declaraciones a The Associated Press, Carlos Arias, director de Protección Civil del norteño estado de Sonora, confió en que el curso escolar en los siete municipios más afectados por el derrame tóxico comience dentro de una semana, cuando ya puedan garantizar que los niños tengan agua potable en las escuelas.
El gobierno del estado, junto con las autoridades locales y federales, ha distribuido en la última semana más de cuatro millones de litros de agua potable mediante camiones cisterna, con los que se ha podido abastecer entre el 80 y el 90 por ciento de la población afectada, "pero todavía queda un pequeño porcentaje en zonas más aisladas a las que no se ha podido llegar", dijo Arias.
Pero el funcionario subrayó que hay otro problema igual de importante al que todavía no se ha dado solución: cómo apoyar a agricultores y ganaderos afectados, que son cerca de 3.000, porque su producción ya se resiente.
"Muchos ganaderos, por ejemplo, han tenido que tirar litros y litros de leche por temor a contaminación y la preocupación de la población continúa".
De momento, el gobierno de Sonora no ha informado de muerte de ganado ni de personas enfermas por consumo de agua contaminada.
El derrame de 40.000 metros cúbicos de ácidos y metales pesados, un volumen equivalente al agua contenida en 16 albercas olímpicas, ocurrió el 6 de agosto en Buenavista, una mina de cobre ubicada cerca de la frontera con EEUU.
Según Arias el motivo fue un "error" en el diseño de una represa donde se almacenaban los ácidos utilizados para la extracción de cobre, pero la minera, propiedad del Grupo México, afirmó en un comunicado que el derrame lo provocaron las "lluvias atípicas" que se presentaron en la zona.
Arturo Rodríguez, subprocurador de inspección industrial de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA), dijo hace unos días que la mina avisó a su agencia casi un día después del derrame, justo dentro del límite de 24 horas para presentar esa información.
Señaló también que la deficiente supervisión en la mina, junto con las lluvias y los defectos de construcción, parecían ser la causa del incidente y que la compañía minera debió poder detectar un derrame de esa magnitud antes de que llegara al río.
El vertido tóxico, que las autoridades intentaron neutralizar con cal, la construcción de represas y el bombeo del agua, recorrió unos 200 kilómetros y llegó hasta la presa del Molinito, a pocos kilómetros de la capital de Sonora, Hermosillo, pero ahí quedo detenido y controlado. "No puede expandirse más", aseguró Carlos Arias.
El sábado, la Comisión Nacional del Agua dijo que los análisis en esa presa mostraban una reducción en el nivel de ácidos, pero esta entidad mantenía la restricción al consumo así como el cierre de pozos cercanos a los ríos afectados.
Las autoridades federales analizan sanciones que puedan imponer a la minera, pero el funcionario de Sonora dijo que multas en torno al millón de pesos (77.000 dólares), que eran los primeros cálculos, "no cubrirían ni el 0,01 por ciento de los daños ocasionados".
Pero Arias agregó que la minera estaba contribuyendo a la distribución de agua con camiones cisterna.
Grupo México reportó en el segundo trimestre de 2014 beneficios brutos de 769 millones de dólares correspondientes a su división minera.
Al margen del agua contaminada, los daños ambientales del derrame están todavía por cuantificar.
2014-08-17