Israel Arzate Meléndez fue detenido hace casi cuatro años acusado de una masacre en la localidad fronteriza de Ciudad Juárez que aún sacude al país.
Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales revisaron su caso y concluyeron que, tal y como lo decía Arzate, fue torturado por militares para que se declarara culpable de la masacre de Villas de Salvarcar, la colonia popular de Juárez donde en enero de 2010 pistoleros irrumpieron en una fiesta juvenil y asesinaron a 15 personas, uno de los peores crímenes registrados hasta entonces en medio de la violencia del narcotráfico.
Casi cuatro años después, la Suprema Corte ordenó su libertad por considerar que la confesión de Arzate resulta "nula" al haber sido ante autoridades militares y no fiscales como establece la ley, en una decisión que, sin embargo, no ha dejado satisfechos a todos.
Madres de las víctimas de la masacre lamentaron la decisión y están convencidas de que Arzate, que fue identificado por testigos, es uno de los responsables.
Además de Arzate, otros cuatro hombres fueron detenidos. Los cuatro, acusados de ser miembros de un grupo al servicio del cartel de las drogas de Juárez, permanecen en prisión luego de que en 2011 fueron condenados cada uno a 240 años de prisión.
"No puede ser posible que existen varias personas que lo identifican, pero no los llamaron a declarar por ser menores de edad", dijo el jueves Arcelia Medrano, madre de una de las víctimas de Villas de Salvarcar. "Pero también adultos expresaron haberlo visto el día de la masacre, pero todo eso para el juez no contó", añadió sobre Arzate.
Para Medrano, la justicia "se dejó llevar sólo por la tortura que se le dio a Arzate", aunque dijo que "nadie ve la tortura que nosotros llevamos al perder a nuestros seres queridos, a nuestros hijos; eso no lo vio el juez".
Amnistía Internacional reconoció el jueves la decisión de la Suprema Corte. La organización señaló en un comunicado que deja en claro que ninguna confesión obtenida por tortura puede admitirse en procesos judiciales, sin embargo, también reconoció que evidencia "la falta de capacidad del sistema de procuración de justicia en México" para dar con los responsables de crímenes tan graves como la masacre de Villas de Salvarcar.
En un informe divulgado a fines de 2011 la organización Human Rights Watch puso el caso de Arzate como una de las muestras de más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas hasta entonces en el marco de la estrategia del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) contra el narcotráfico.
Human Rights Watch refirió que tras ser detenido el 3 de febrero de 2010 Arzate fue llevado a una base militar donde fue sometido a choques eléctricos, golpes y asfixia. Horas después, aceptó confesar lo que querían./AP