Unos 16.647 usuarios de energía en Nicaragua legalizaron su situación ante las empresas distribuidoras para evitar sanciones o multas, incluida la cárcel, informaron hoy fuentes del sector.
La compañía española TSK Melfosur Internacional, nueva operadora de las distribuidoras de energía en el país centroamericano, señaló que los usuarios optaron por legalizar su servicio para evitar sanciones o multas, tras culminar el plazo de auto-denuncias por conexiones ilegales o manipulación de medidores.
En junio pasado, el Parlamento nicaragüense aprobó un paquete de leyes que sanciona con multas y prisión de hasta tres años a las personas que obtengan energía de manera irregular.
Las multas serán de entre 100 y 300 días laborales, que, basados en el salario mínimo promedio, pueden estar entre los 1.500 dólares y los 4.500 dólares, de acuerdo con la nueva norma.
Se calcula que la obtención irregular de energía causa pérdidas hasta por 50 millones de dólares anuales en Nicaragua.
Las distribuidoras Disnorte y Dissur, antes propiedad de la filial nicaragüense de la española Gas Natural Fenosa, indicó que "los casos de auto-denuncias voluntarias" se dieron principalmente en Managua, con 5.935 usuarios.
"La mayor parte de esos usuarios, aproximadamente unos 13.000 usuarios, se acogieron a este plan durante la última semana de culminación del plazo", señalaron las distribuidoras, que pertenecen ahora a la sociedad TSK-Melfosur Internacional, conformada por las españolas TSK y Melfosur.
La empresa informó de que iniciará el plan de normalización de estos suministros priorizando, en una primera etapa, aquellos donde las condiciones de red lo permitan e incorporando los demás dentro del plan de inversión de redes que la empresa impulsará durante 2014.
La filial de la española Gas Natural Fenosa era dueña del 84 % de las acciones de Disnorte y Dissur que distribuyen la energía eléctrica en Nicaragua desde 2000 y por un período de 30 años.
La eléctrica española cedió al Estado nicaragüense en mayo de 2008 el 16 % de las acciones de su filial en Nicaragua como pago de una deuda por 11,5 millones de dólares, y un asiento en el consejo de administración de su filial en Managua. /EFE