El salario mínimo en Nicaragua, que por ley se aplica a diez sectores de la economía nacional y tiene que ajustarse cada seis meses, será ahora discutido solo dos veces en los próximos tres años, informó hoy una fuente empresarial.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo en una rueda de prensa que esta medida es parte de un acuerdo entre el Ejecutivo, empleadores y sindicatos que son los encargados de negociar el salario mínimo.
Ni el Ejecutivo ni los sindicatos, la mayoría afines al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), han confirmado o negado esta información.
Aguirre indicó que las tres partes instalarán el próximo día 16 de enero la mesa negociadora para fijar el nuevo salario mínimo de los trabajadores para todo el 2014.
"Y vamos a negociar dos años de salario (para 2015 y 2016) de una vez, a inicios de 2015″, agregó.
El empresario explicó que uno de los objetivos es evitar que la discusión del salario mínimo genere "ruido" en las elecciones generales y municipales, previstas para noviembre de 2016.
"Es positivo, vamos a quitarnos ese ruido de un proceso electoral, que tiende a que los gobiernos tomen decisiones populistas en materia de salario", valoró.
Asimismo, dijo que la medida busca dar mayor ventaja competitiva a las empresas que desean incluir a Nicaragua en sus planes de inversión, "ante una realidad de que somos la economía que tiene la energía más cara y la infraestructura más costosa de Centroamérica", opinó el empresario.
Según Aguerri, el revisar el salario mínimo cada seis meses y ajustarlo semestralmente pone en desventaja a Nicaragua frente a los inversionistas.
"Si vivimos en un país donde estamos incrementando los costos año con año, limita la posibilidad de atraer inversión, de generar empleo formal", insistió.
El salario mínimo promedio mensual en el país centroamericano es de unos 159 dólares, de acuerdo a la tabla salarial y su fijación debe realizarse por, al menos, dos de los tres sectores, en un máximo de cinco rondas de conversaciones, y en presencia del titular del Ministerio del Trabajo.
En caso de que no hay un acuerdo, será el Gobierno el encargado de decidir si se aumenta, o no, y en qué porcentaje. /EFE