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Jessica Molina, una ciudadana estadounidense, y su marido, José Daniel Trejo García, viven en Laredo, Texas, pero en marzo cruzaron la frontera para que él se sometiera a una intervención quirúrgica. Estaban en la ciudad mexicana de Nuevo Laredo a la espera de que le quitaran los puntos cuando miembros de la Marina de México se lo llevaron a él y a un amigo.
Molina no ha vuelto a saber absolutamente nada de su esposo, un mecánico de 41 años
Naciones Unidas urgió el miércoles a México a detener “la ola de desapariciones forzadas” que, como el caso de Trejo están teniendo lugar en esa ciudad fronteriza y sus alrededores. La oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha documentado la desaparición de 21 hombres y dos mujeres en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, entre febrero y el 16 de mayo pero asegura que el número puede ser mucho mayor.
Lo más preocupante, agrega la oficina en un comunicado, es que “hay fuertes indicios de que estos crímenes habrían sido cometidos por una fuerza federal de seguridad”.
La ONU no señala a un cuerpo concreto pero Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, sí: la Marina.
“Hemos documentado 56 desapariciones forzadas desde el 20 de enero al 21 de mayo, la mayoría de ellas atribuidas a personal de operaciones especiales de la Secretaria de la Marina”, afirmó.
Este cuerpo de élite de las fuerzas armadas mexicanas es la principal fuerza de choche contra los cárteles en las zonas más violencias del país y desde que el expresidente Felipe Calderón inició en 2006 la guerra frontal contra el crimen organizado y sacó el ejército a las calles, se han sucedido las denuncias por uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y hasta ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares o marinos.
La situación en Nuevo Laredo (donde la mayor presencia criminal es del cártel del Noreste, una escisión de Los Zetas) era especialmente tensa el 27 de marzo, el día que desapareció Trejo.
El 25, un grupo de marinos fueron emboscados tres veces. Uno de ellos murió y varios resultaron heridos. En el tercer choque, un helicóptero llegó a apoyarles pero una familia que iba en coche por ese mismo lugar se metió sin darse cuenta en el fuego cruzado y fue alcanzada por el aparato. Una mujer y sus dos hijos murieron.
La Marina en un primer momento negó estar involucrada pero posteriormente, después de un peritaje de la fiscalía federal, reconoció su responsabilidad en los hechos, un gesto poco habitual.
Dos días después del suceso, unos marinos llegaron al lugar donde Medina y Trejo se estaban quedando, irrumpieron en la casa, y les preguntaron si sabían algo del incidente. La pareja les explicó que no y que estaban ahí por una cuestión médica. Trejo les enseñó sus tarjetas de visita para demostrar que era solo un mecánico, pero no valió de nada y se lo llevaron sin orden de detención ni nada, explicó la mujer. Ella cree que buscaban a otra persona.
“Nos estuvieron apuntando todo el tiempo a la cabeza”, dijo Medina. “Ellos pueden negar los hechos pero lo que yo vi fue personal bien entrenados, bien uniformados”
A la mañana siguiente, la mujer fue a poner una denuncia en la sede de la fiscalía federal y otra ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Después fue a la base de la Marina y allí le negaron cualquier participación en los hechos.
Ahora Molina se ha unido a otras familias que buscan fosas clandestinas entre los caminos menos transitados que rodean Nuevo Laredo. Esta semana, por primera vez, les han acompañado agentes de la Policía Federal.
De acuerdo con testimonios recibidos por Naciones Unidas, el patrón de esta oleada de desapariciones es que las personas habrían sido detenidas por personal uniformado, generalmente por la noche o al amanecer, cuando caminaban, hacían sus quehaceres diarios o iban en coche, dejando en este último caso los vehículos quemados y baleados.
“Es particularmente horrible que al menos cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas muy jóvenes, tan sólo de 14 años”, dijo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein.
La ONU lamentó que, además, testigos de estos hechos hayan sido amenazados y uno de ellos estuvo dos días desaparecido y que, a pesar de la evidencia existente, las autoridades mexicanas hayan avanzado poco en la localización de los desaparecidos mientras que las familias han encontrado hasta la fecha los cuerpos de al menos seis víctimas.
Tamaulipas es un estado con amplia presencia de distintas bandas del crimen organizado que luchan entre sí. Es también la región del país con mayor número de desaparecidos -más de 6.000 desde 2006 según el recuento del gobierno federal- y donde en 2011 se descubrieron las primeras fosas clandestinas masivas de México.
El 10 de mayo la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares, entre otras, a la Secretaría de Marina, para proteger a la población civil de Tamaulipas. Sin embargo, al menos tres desapariciones han ocurrido desde entonces, agregó el comunicado de la ONU.
La Comisión ha recibido quejas por la desaparición de 31 personas, entre ellos siete menores, desde febrero a la actualidad, según un comunicado del miércoles en el que pidió a la fiscalía federal que tomara cartas en el asunto y se investiguen posibles violaciones a los derechos humanos.
Este mismo mes, familiares de desaparecidos bloquearon el principal puente fronterizo por el que pasan vehículos de carga que comercian entre Tamaulipas y Texas.
La semana pasada, Molina y otros familiares de desaparecidos tuvieron una reunión con un mando de la Marina que se comprometió a dejarles acceder a su base y a ayudarles en la búsqueda pero, hasta el momento, no se ha concretado nada.
“Si el personal de la Marina están aquí para cuidarnos, ¿qué están haciendo para evitar estas desapariciones?”, se preguntó Molina. “¿Cómo es posible que a pesar de su presencia esté pasando todo esto?”
2018-05-30
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