La oposición en Argentina advirtió hoy sobre los riesgos de propiciar operaciones de lavado de dinero si se aprueba un proyecto impulsado por el Gobierno para incentivar el blanqueo de ahorros no declarados en divisas extranjeras que era debatido este miércoles en la Cámara de Diputados.
El oficialismo, mayoritario en el Parlamento, confía en lograr los votos necesarios para aprobar este proyecto, que ya recibió el visto bueno del Senado la semana pasada.
En el debate, que comenzó este mediodía y se prevé que se extienda por varias horas, la oposición ha alzado su voz para advertir que la iniciativa dará vía libre a operaciones ilegales de lavado de activos, algo que el Gobierno niega.
La iniciativa del oficialismo busca promover el blanqueo de ahorros no declarados en divisas extranjeras a través de la suscripción de instrumentos financieros destinados a impulsar sectores como la construcción y la energía.
"Con este blanqueo se va a generar un mecanismo de lavado de dinero. (…) Argentina será un país financiado por la delincuencia", advirtió en el pleno de los Diputados el legislador Federico Pinedo, de la conservadora Propuesta Republicana (Pro).
En igual línea, Alicia Ciciliani, del Frente Amplio Progresista (socialismo), aseveró en el debate que su bloque rechazará el proyecto por considerar la iniciativa como "parte de una política activa del Estado a favor de la industria del lavado de activos".
"No queremos poner a Argentina en riesgo de financiarse en actividades ilícitas", sostuvo la diputada.
El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Miguel Giubergia, de la opositora Unión Cívica Radical, también criticó el proyecto, al que calificó como "un chiste de mal gusto para los argentinos" que respetan la ley, han declarado sus ahorros y pagan tributos por ello ante el Fisco.
"En esta norma se penaliza al que paga regularmente sus impuestos, ya que se eliminaron los regímenes de facilidades de pago, con el único objeto de maximizar la recaudación mensual antes de las elecciones, con la clara intención de hacer caja para comprar voluntades en los diferentes distritos del país", afirmó Giubergia.
Del lado del oficialismo, el titular de la comisión de Presupuesto de Diputados, Roberto Feletti, aseguró que "en ningún momento" el blanqueo de divisas "suspende las normas sobre lavado de dinero".
"Cuando el dinero ingresa en el circuito bancario formal las instituciones financieras de Argentina deben aplicar la normativa de lavado de dinero y registrar quién es el depositante", señaló.
Asimismo, argumentó que el objetivo "fundamental" de la norma es "lograr un shock de inversión" en diversos sectores de la economía real.
El Gobierno envió a principios de este mes este proyecto al Parlamento, en un contexto de fuerte alza del precio del dólar en el mercado informal, cuyo valor cedió luego de este anuncio.
El mercado informal del dólar se vigorizó a partir de las restricciones cambiarias impuestas por el Gobierno argentino desde finales de 2011 para frenar la fuga de divisas.
El proyecto de ley propicia la declaración de ahorros en divisas extranjeras a través de su depósito en una cuenta bancaria, dinero cuyo propietario podrá canjear por diversos instrumentos financieros y que irá a engrosar las arcas del Banco Central argentino.
Quien exteriorice sus ahorros no declarados podrá optar por un Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) o un Certificado de Inversión (CEDIN).
Los recursos captados por esta vía serán destinados por el Gobierno a sectores productivos, como la construcción y la energía.
El BAADE se constituirá como una opción de inversión, que permitirá al tenedor de dólares incrementar el valor de su ahorro obteniendo un interés del 4 % anual.
El CEDIN, en tanto, tiene por objetivo apuntalar la actividad inmobiliaria y de la construcción -frenada por las restricciones cambiarias-, constituyendo un medio de pago denominado en dólares.
Los CEDIN podrán ser cancelados en la misma moneda de su emisión por el Banco Central o la institución que la autoridad monetaria indique sólo si el tenedor acredita la compraventa de inmuebles, su remodelación o la construcción de nuevas unidades de vivienda. /EFE