2001.com.ve | EFE
Varias organizaciones civiles denunciaron hoy que el intento del Parlamento panameño por invalidar una ley que promueve la transparencia en las instituciones públicas y que obliga a los diputados a rendir cuentas sobre sus gastos es un "ataque directo al Estado de derecho".
"El intento de desmantelar la Ley 6 nos retrotrae como democracia. El mundo entero se está moviendo hacia la transparencia y la rendición de cuentas. Ha sido un ataque directo al Estado de derecho", dijo la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Olga de Obaldía.
La activista, que leyó un comunicado en nombre de una decena de organizaciones, indicó que la Ley 6 de 2002, conocida como Ley de Transparencia y Acceso a la Información, tiene "mucha jurisprudencia que la respalda" y no vulnera ningún derecho fundamental.
"La transparencia no es una cosa que nos inventamos nosotros aquí y ahora. Hoy en día es una herramienta ineludible para las instituciones democráticas", afirmó De Obaldía, que dirige la asociación que representa en Panamá a la ONG alemana Transparencia Internacional (TI).
La activista explicó que la presidenta del Parlamento panameño, la opositora Yanibel Ábrego, presentó recientemente ante la Corte Suprema de Justicia una advertencia de inconstitucionalidad contra dos artículos de esa ley, que finalmente no prosperó "por carecer de sustento jurídico".
Se trata del artículo 11, que establece que los funcionarios públicos están obligados a brindar información sobre sus gastos de representación y de plantilla, y del artículo 20, que decreta que aquel funcionario que se niegue a publicar esos datos incurrirá en desacato y será multado con una cantidad equivalente al doble de su salario mensual.
Los 71 diputados que conforman el Parlamento panameño disponen de un presupuesto mensual de 30.000 dólares cada uno, según la prensa local.
"Este intento de la Asamblea Nacional está ligado a su intención de no rendir cuentas sobre un acto específico que puede ser un posible peculado (malversación de fondos públicos)", señaló la activista.
De Obaldía compareció en rueda de prensa junto a representantes de una decena de organizaciones civiles como el Movimiento Independiente (Movin), la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP) o la Alianza Ciudadana Pro Justicia, entre otras.
El diario local La Prensa defiende que la advertencia de inconstitucionalidad presentada por la diputada Ábrego se produjo después de que el rotativo promoviese un recurso de desacato en su contra por negarse a entregar información sobre las contrataciones por servicios profesionales que ofrecen los diputados.
2018-03-27