EFE
El Parlamento de Cataluña aprobó este lunes una resolución para iniciar un proceso de independencia respecto a España, una iniciativa que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ordenó recurrir inmediatamente ante el Tribunal Constitucional (TC).
Con 72 escaños a favor entre 135 diputados, la Cámara catalana aprobó un texto que plantea que, en el plazo de un mes, comience la tramitación de las "leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública", que serían las bases de la hipotética república catalana.
Los secesionistas son dos formaciones, Junts pel si y CUP, que suman mayoría absoluta en el Parlamento catalán, aunque en las elecciones regionales del pasado 27 de septiembre sólo alcanzaron el 48 por ciento de los votos, en unos comicios que habían planteado como un plebiscito en favor de la independencia.
Hace un par de semanas ambas fuerzas cerraron un acuerdo sobre un texto que aboga por la "desconexión" de Cataluña respecto a España y hoy el portavoz de Junts pel Si, Raul Romeva, justificó avanzar hacia la independencia en que se trata de una "demanda democrática y una urgencia social".
Frente a este argumento los independentistas tuvieron hoy los votos en contra de 63 diputados de otras cuatro formaciones: Ciudadanos (liberales centristas), PSC (socialistas), Si que es Pot (izquierda) y PP (centroderecha).
Todos ellos clamaron contra la ruptura de la legalidad que supone la resolución independentista y advirtieron de que contra los efectos negativos e imprevisibles de avanzar por esa vía.
Algunos, como la centrista Inés Arrimadas, cuya formación (Ciudadanos) es la segunda en escaños del Parlamento, ven en el secesionismo el intento del presidente regional, Artur Mas, de eludir sus problemas judiciales, ya que su propio partido, CDC, está implicado en varios casos de corrupción.
El contencioso catalán polariza la política española desde hace meses y protagoniza el período previo a las elecciones legislativas que tendrán lugar el 20 de diciembre.
Cataluña tiene 7,5 millones de habitantes y aporta casi el veinte por ciento del Producto Interior Bruto español.
Por tratarse de una de las llamadas "regiones históricas" (con País Vasco, Andalucía y Galicia), cuenta con un alto nivel de autogobierno y gestiona competencias que van desde la Policía propia, sistema penitenciario, empleo, economía, educación o sanidad.
No obstante, los nacionalistas se quejan de que son maltratados por los gobiernos españoles y de que reciben mucho menos de lo que aportan al Estado.
Una hora después del pleno catalán compareció ante la prensa el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, quien ordenó a los servicios jurídicos preparar el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).
"Es el primer paso. Me gustaría que fuera el último", avisó Rajoy a los secesionistas antes de dar un mensaje de tranquilidad; "ni Cataluña se va a desconectar (de España) ni se va a producir ninguna fractura", de modo que "nadie tendrá que escoger ni renunciar a su identidad española y europea".
El Consejo de Estado (órgano consultivo) trasladará mañana un informe que servirá de base jurídica para el recurso que el Gobierno presentará el miércoles ante el TC.
En ese recurso el Ejecutivo pedirá la "inmediata suspensión" de la resolución aprobada hoy, de modo que no tenga "valor ni consecuencias".
La admisión a trámite por el alto tribunal de ese recurso supondría su suspensión cautelar durante un plazo máximo de cinco meses, mientras los magistrados debaten y deciden sobre el asunto.
Sin embargo, la resolución secesionista dice expresamente que no se respetarán lo que dictamine el Constitucional.
En su comparecencia Rajoy prometió emplear "toda la ley y la fuerza de la democracia" ante la iniciativa independentista.
Mientras en España Rajoy percibe unión en torno a la defensa de la legalidad, en Cataluña ve "incertidumbre y división" y un "inútil empeño" de los secesionistas por vulnerar la ley.
En su estrategia Rajoy tiene el apoyo del líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, con quien se reunirá mañana para hacer patente la imagen de unidad.
Sánchez también compareció para declarar que la resolución aprobada en Cataluña supone el "mayor desafío al orden constitucional de España" y "traiciona la voluntad de la mayoría de los catalanes", al tiempo que garantizó su colaboración para que "se salvaguarden los derechos y libertades de los ciudadanos catalanes, en los términos previstos en las leyes".
El Parlamento catalán iniciará también hoy el debate para la investidura del presidente regional, cargo al que aspira Artur Mas, que gobierna Cataluña desde 2010 y es el candidato presentado por Junts pel Si.
Mas necesita para ser investido los votos de los diez diputados de la CUP (izquierda radical independentista), que se han negado a apoyarle ya que lo relacionan con los casos de corrupción aparecidos en su partido y una política de recortes en el gasto social.