2001.com.ve| AFP
Nueve líderes independentistas catalanes fueron condenados este lunes a penas de entre 9 y 13 años de cárcel por el fracasado intento de secesión en 2017, una decisión que relanzará la tensión en esta región que el separatismo mantiene en ebullición desde hace casi una década.
La sentencia vuelve a colocar la cuestión catalana en el centro del debate político, a menos de un mes de unas nuevas elecciones legislativas, el 10 de noviembre.
El exvicepresidente regional catalán Oriol Junqueras recibió 13 años de prisión, la más dura de las penas contra los doce separatistas procesados de febrero a junio por el Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial del país.
Los jueces descartaron la acusación de rebelión elevada por la fiscalía, que había solicitado 25 años de prisión contra Junqueras, líder del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), principal acusado en este juicio histórico en ausencia del expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica.
Otros ocho independentistas, en algunos casos encarcelados desde hace casi dos años, recibieron condenas de 9 a 12 años de prisión por sedición, y algunos de ellos, por malversación.
Ellos son la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, el expresidente y presidente de las influyentes asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, y cinco antiguos ministros regionales.
Tres restantes ex miembros del gobierno catalán de Puigdemont, que estaban en libertad condicional, fueron condenados solo a multas, por el delito de desobediencia.
La peor crisis política en décadas
Los doce independentistas fueron juzgados por haber organizado el 1 de octubre un referéndum de autodeterminación ilegal, marcado por imágenes de violencia policial que dieron la vuelta al mundo, y la proclamación el 27 de ese mes por el parlamento regional de una "República catalana", que nunca se concretó.
Esta tentativa de secesión de Cataluña, una región de 7,5 millones de habitantes, significó la peor crisis política en España desde el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975.
La existencia o no de violencia en esos días, condición indispensable para sustentar la rebelión, un delito contra la Constitución severamente penado, fue el interrogante central del histórico juicio contra los independentistas.
La fiscalía no dudó en calificar los hechos de 2017 de "golpe de Estado" en medio de un "clima insurreccional", mientras que la defensa negó la violencia, que a su juicio fue casi exclusividad de la policía durante el referéndum.
Los procesados reafirmaron el carácter pacífico de su movimiento, pero varios de ellos dijeron no obstante que lo volverían a hacer si pudieran.
"Desobediencia civil"
En Cataluña, donde el independentismo impulsa desde 2010 masivas manifestaciones, las fuerzas del orden se preparan para el regreso de la tensión.
Integrado por partidos que difieren en el plano político, el movimiento separatista, que controla el gobierno regional, hizo causa común en llamar a la "desobediencia civil" en caso de condena del Supremo.
La temperatura ya comenzó a subir en la región a fines de septiembre, con la prisión provisional dictada a siete activistas independentistas, sospechosos de preparar explosivos y acciones violentas.En respuesta, los secesionistas aprobaron en el Parlamento regional varias mociones en desafío del Estado español.
En plena campaña hacia las legislativas y criticado por la oposición por ser blando con los separatistas, el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha advertido que podría tomar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad, como la intervención de la autonomía catalana, ya aplicada en octubre de 2017 en virtud del artículo 155 de la Constitución.
2019-10-14
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