Cinco periodistas nicaragüenses comparecieron este martes ante el Ministerio Público por un caso de presunto lavado de dinero en perjuicio del Estado de Nicaragua. Por el que se investiga a la aspirante opositora a la Presidencia Cristiana Chamorro Barrios.
Los primeros tres periodistas en acudir a la Fiscalía fueron la corresponsal de la cadena hispana Univision en Nicaragua, María Lilly Delgado, y Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, ambos excolaboradores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que cerró en febrero pasado.
Posteriormente asistieron el excandidato presidencial y dueño de la popular emisora Radio Corporación, Fabio Gadea Mantilla, de 89 años. Y la periodista Verónica Chávez, del canal 100 % Noticias. Cuyo edificio quedó confiscado por el Gobierno en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018. Y sacado de la parrilla de la televisión.
Los tres primeros comunicadores explicaron al salir del Ministerio Público que se abstuvieron de brindar su declaración. Amparados en el artículo 34 de la Constitución Política. Bajo el argumento de que los fiscales les impidieron ir con sus abogados.
Según la versión de los periodistas, los fiscales les explicaron que estaban citados en calidad de testigos y no requerían abogados. Y como insistieron en pedir asistencia legalmente, los amenazaron con investigarlos como imputados.
DENUNCIAN "SITUACIÓN IRREGULAR"
"Reciben una cita como testigos y cuando invocan un derecho constitucional, les dicen: bueno, van a cambiar a imputados, es una situación completamente irregular", criticó la abogada Eyling Cruz Rojas.
La letrada cuestionó, además, que en esa nueva condición de imputados, los fiscales no informaron a sus defendidos sobre qué hechos en particular los investigarán.
"Se desconoce por completo cual es el señalamiento que ahora, en una nueva condición, le estarían haciendo a cada uno de los citados", dijo la abogada, quien explicó que hicieron uso de la Ley apegados "al sagrado derecho constitucional de no declarar, de no auto incriminarse y de abstenerse de declarar, porque así lo establece la ley, sin que eso signifique ningún tipo de perjuicio".
Al os periodistas los obligaron a firmar una declaración en la que se comprometen a colaborar con las autoridades.
"Siempre y cuando esté un abogado presente en el proceso, porque nosotros, como ciudadanos, necesitamos garantía jurídica", aclaró la corresponsal de la cadena Univision.
Arróliga explicó que no aceptaron declarar porque los fiscales no aceptaron la presencia de un abogado, "cuando sabemos como funciona el sistema jurídico en Nicaragua, sin ninguna garantía".
EFE
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