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Perú anunció la entrada en vigencia de una ley contra el crimen organizado que fortalece la investigación policial y elimina beneficios penitenciarios para criminales asociados, incluidos los menores de 18 años.
"La norma fortalece las capacidades y acciones de inteligencia policial… vamos a investigar, capturar y procesar a todas las bandas criminales", declaró en un acto público el primer ministro René Cornejo.
La nueva ley, la primera con estos alcances en Perú, permite a la policía el uso de agentes infiltrados, interceptaciones telefónicas autorizadas y diversas acciones de inteligencia para perseguir 21 delitos organizados por tres o más personas, entre ellos el asesinato por encargo, la vigilancia con posterior robo, el tráfico ilícito de drogas y los delitos de corrupción de funcionarios.
Otros delitos considerados dentro de la nueva norma son la extorsión, el tráfico de migrantes, la trata de personas, la pornografía infantil y el lavado de activos.
La ley también elimina cualquier posibilidad de reducción de condenas para los integrantes de una organización criminal, incluidos los menores de 18 años, que se beneficiaban de leyes anteriores.
La norma fue publicada en la gaceta oficial El Peruano a mediados de 2013 pero su implementación se mantuvo en suspenso hasta el martes debido a que miles de policías, jueces y fiscales debieron estudiarla para aplicarla.
"La ley se acomoda a la tendencia internacional de configurar leyes especiales que involucran normas de procedimiento que definen mejor cómo se constituye una organización criminal y los delitos que suele cometer", dijo a El Peruano el profesor en derecho criminal y juez supremo Víctor Prado.
Según datos oficiales de junio, Perú sufrió un incremento de la criminalidad pasando de 3% en 2004 a 23,8% en 2012.
La escasa lucha contra la delincuencia es la primera preocupación y crítica de los peruanos en todas las encuestas de popularidad presidencial. En el sondeo nacional de junio de la firma Ipsos-Perú, la aprobación del mandatario Ollanta Humala alcanzó 21%, el promedio más bajo de su gestión iniciada en 2011 y que concluye en 2016.