El procurador antiterrorismo del Perú, Julio Galindo, sostuvo que el Congreso debe aprobar con urgencia la denominada ley de "muerte civil", que impediría a los condenados por corrupción y terrorismo volver a ocupar cargos públicos durante al menos 30 años.
"No hay que demorar su discusión ni su aprobación", dijo Galindo a la Radio Nacional. Asimismo, el procurador hizo un llamado a la población para crear una "corriente de opinión" y exigir que el Congreso ponga en agenda la iniciativa.
El proyecto de ley impide a quienes adeudan algún pago de reparación civil al Estado y a condenados por terrorismo y corrupción, presentarse como candidatos a la presidencia, al Congreso, a las presidenciales regionales y a las alcaldías, además de no poder ejercer ningún cargo en la administración pública.
"Hay mucha gente que recibe pensión o sueldo como un empleado en el aparato estatal (…) No podemos permitir que estas personas que deben al Estado se sirvan del Estado", señaló Galindo.
En el Perú la corrupción es percibida por la población como uno de los mayores problemas del país. Los llamados del Ejecutivo para que el Parlamento le dé luz verde a la ley hasta ahora han encontrado oídos sordos./dpa