AP
Funcionarios puertorriqueños se apresuraron el miércoles a proponer nuevas medidas dirigidas a impulsar la economía de la isla y tranquilizar a los tenedores de bonos un día después de que la agencia calificadora de crédito Standard & Poor’s degradó a estatus de bono basura la deuda del territorio estadounidense.
El gobernador Alejandro García Padilla dijo que está negociando el pago de la deuda a corto plazo y que ordenó que todas las agencias de gobierno reduzcan sus presupuestos actuales en 2%. Además presentó una legislación para eliminar 170 millones de dólares en déficit del presupuesto en curso, esperando reducir el desequilibrio a 75 millones de dólares.
"Dada la situación fiscal sin precedente en la que nos encontramos, estoy enviando este proyecto a legisladores y confío en que lo atenderán con la urgencia que amerita", agregó.
Puerto Rico está entrando a su octavo año de recesión en momentos en que tiene la problemática de una deuda pública de 70.000 millones de dólares acumulada en décadas y una tasa de desempleo de 15,4%, más alta que la de cualquier demarcación de Estados Unidos.
García dijo que haría otros anuncios en los próximos días para aminorar las repercusiones de que S&P recortara un grado la deuda de la isla caribeña a "BB+", un nivel abajo del grado de inversión. S&P indicó que la degradación hubiera sido mayor si el gobierno de García no hubiera tomado anteriormente medidas para fortalecer la economía, como el incremento de impuestos y la autorización de cambios a los desmoronados sistemas de pensión.
Los bonos de Puerto Rico son populares entre los inversionistas estadounidenses porque están exentos de impuestos federales, estatales y locales. La deuda de Puerto Rico está compuesta de aproximadamente 70% de fondos mutuos municipales, según Morningstar.
En medio de los anuncios de García, legisladores de oposición presentaron una iniciativa de ley para crear una comisión que evaluaría todas las medidas fiscales aprobadas por el gobernador, además de analizar los presupuestos de las agencias gubernamentales y el uso de fondos públicos.
"Necesitamos establecer un nuevo mecanismo para regular el gasto público", dijo la legisladora María Milagros Charbonier.