Una cámara de apelaciones de Paraguay rechazó el pedido de recusación de la jueza encargada del caso Curuguaty, donde se registró una matanza de policías y campesinos en junio de 2012 que causó la destitución del presidente Fernando Lugo, informó hoy a Efe una fuente judicial.
El abogado Vicente Morales, defensor de once de los 12 campesinos imputados en esa causa, explicó que la Cámara de Apelaciones de lo Penal de Saltos del Guairá "rechazó la recusación y confirmó a la jueza Yanine Ríos en la causa".
La defensa había pedido la recusación de Ríos por "parcialidad manifiesta" durante la audiencia preliminar que se desarrolló en el Palacio de Justicia de Asunción, que quedó por tanto interrumpida el pasado día 1 después de once días de sesiones.
Los letrados defensores protestaron por la intención de la jueza de admitir pruebas nuevas presentadas por el fiscal, Jalil Rachid, en la audiencia.
Rachid acusó a 12 campesinos de homicidio doloso y asociación criminal por la muerte de once compañeros suyos y seis policías en un enfrentamiento durante una operación policial de desalojo de "sin tierras" de una finca de Curuguaty, en el departamento nororiental de Canindeyú, el 15 de junio de 2012.
Una vez reciba por escrito la decisión de la Cámara de Saltos del Guairá (Canindeyú), la defensa tiene intención de recurrir a la Corte Suprema de Justicia "porque tenemos que agotar todas las instancias locales para después poder recurrir a las internacionales", dijo Morales.
"Estamos muy preocupados por esta decisión de mantener lo que es ilegal y también ilegitimo, las arbitrariedades y abusos cometidos por el Ministerio Público, el pretender blanquearlas mediante instancias jurisdiccionales", añadió.
Ríos se hizo cargo del caso Curuguaty en marzo pasado, después de que fuera recusado el primer juez encargado, Jorge Benítez, a pedido de la defensa.
Como jueza de la Niñez y la Adolescencia de Curuguaty, Ríos ya emitió la primera condena del caso, el pasado 22 de febrero, contra uno de los dos menores acusados en esta misma causa, sentenciado a dos años de cárcel con suspensión condicional por el delito de asociación criminal. /EFE