El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, instó hoy al gobierno de Panamá a respetar las demandas de los pueblos indígenas en materia de derechos humanos y el manejo de sus territorios.
Anaya hizo el anuncio tras una gira de siete días a este país, en la que visitó diversas poblaciones que exigen el respeto comarcal y la protección de patrimonios culturales. Las sugerencias están plasmadas en un informe que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2014.
Indicó que hay un "patrón común" en las denuncias recabadas en países de Latinoamérica, ante la falta de consultas adecuadas en proyectos hidroeléctricos, mineros y forestales que afectan a los pueblos originarios. Añadió que espera que el gobierno acoja las recomendaciones de sentarse a dialogar con los pueblos indígenas.
Anaya dijo que "una de las mayores preocupaciones de los siete pueblos indígenas del país es el reconocimiento y la protección de sus territorios y recursos naturales". Advirtió la "especial preocupación" ante la inseguridad de las etnias Bribri y Naso, cuyos territorios no disponen de un reconocimiento comarcal.
Observó que en la mayoría de los casos, los países alrededor del mundo reclaman el derecho sobre el subsuelo, pero antes de emprender la explotación de recursos habría que hacer una consulta con los pueblos indígenas, en procura de un "acuerdo o consentimiento".
El Relator reseñó que en Panamá, la preservación y el desarrollo de las culturas se debe, en gran medida, al reconocimiento de los territorios y de la autonomía indígena por parte del Estado a varios pueblos del país, a través del sistema de comarcas.
Sin embargo, la cacica Silvia Carrera, de la etnia Ngöbe-Buglé distribuida en las provincias occidentales de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas, denunció que hay amenazas de desalojo oficial en el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, en el distrito de Tolé, 240 kilómetros al oeste de la capital panameña.
Carrera exigió la cancelación de la concesión al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, de la multinacional Generadora del Istmo, S.A. (Genisa), que debe generar unos 28,5 megavatios (MW), a través de la utilización de las aguas del río Tabasará. Añadió que aunque el proyecto está fuera de la comarca, afectará a cuatro comunidades indígenas y campesinas.
En ese sentido, Anaya plateó que la empresa responsable del proyecto de Barro Blanco tiene una obligación independiente de respetar esos mismos derechos, de acuerdo a los "Principios rectores sobre empresas y derechos humanos", aprobado por el Consejo de Derechos Humanos en 2011.
A su vez, Betanio Chiquidama, cacique general de comarca Emberá, en la provincia de Darién, limítrofe con Colombia, opinó que el documento presentado por Anaya recoge algunos aspectos de las demandas indígenas, pero "debe tener mucha más fuerza y contundencia", para encarar los problemas de fondo.
Chiquidama manifestó que el gobierno debe atender problemas como la incursión de la guerrilla colombiana a Panamá, la invasión de colonos (campesinos sin tierra desplazados de otras provincias), quienes son instigados por latifundistas y arremeten contra selvas tropicales que sirven abrigo a los pueblos originarios.
El presidente panameño, Ricardo Martinelli, afirmó el 1 de julio que durante su gobierno sacó a las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de Darién. Indicó que esa organización en armas llegó a controlar el 25 por ciento del territorio de esa provincia.
Sin embargo, Chiquidama refutó la versión de Martinelli y señaló que grupos irregulares utilizan pasos fronterizos para ingresar a Panamá y en diversas ocasiones han solicitado reunirse con las autoridades comarcales. "Nuestra gente no sabe distinguir entre quiénes son los paramilitares y quiénes son la guerrilla. Para nosotros son extranjeros", acotó.
El cacique mencionó que entre las comunidades más afectadas por la presencia guerrillera en Darién figuran Bajo Chiquito, Marragantí, Unión Chocó y Nazaret. /DPA