EFE
El Gobierno de Chile modificó su criterio respecto de la objeción de conciencia en el reglamento de la ley que despenalizo el aborto en tres causales y repuso una disposición establecida durante la administración de la presidenta Michelle Bachelet, informaron este sábado fuentes oficiales.
La norma en cuestión prohíbe a los establecimientos privados de salud ser objetores institucionales de conciencia si reciben fondos públicos en las áreas de obstetricia y ginecología, precisaron las fuentes.
El Ministerio de Salud envió la modificación a la Contraloría General de la República, encargada de visarla, en las últimas horas de este viernes, 51 días después que el organismo contralor declarara ilegal el reglamento dispuesto por el actual Gobierno, que no limitaba la entrega de fondos públicos a los establecimientos que se declararan objetores de conciencia.
Carmen Castillo, ministra de Salud en el Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), se declaró "conforme" con el nuevo reglamento.
"Vemos de que ahora cumple con lo que nosotros ya habíamos trabajado en nuestra versión cuando lo habíamos enviado porque cumplía con todo lo que exigían la ley y el TC (Tribunal Constitucional)", afirmó en declaraciones a radio Cooperativa.
"Esta nueva versión nos deja conformes porque significa que nuestro trabajo responsable está validándose", agregó y considero que "no se ha perdido tiempo porque el aprendizaje se inició en nuestro período".
Según la Contraloría, se entiende que los establecimientos privados que mantienen convenios con el Estado para determinadas prestaciones sanitarias pasan a ser parte de la red pública, subrayando es función del Estado garantizar el acceso libre e igualitario a la Salud.
El año pasado entró en vigor la ley que despenalizó el aborto en los casos de inviabilidad fetal, peligro para la vida de la madre y cuando el embarazo es consecuencia de una violación, pero los sectores conservadores han continuado presionando para dificultar la puesta en práctica de la norma.
Una de las trabas, refrendada por el Tribunal Constitucional (TC), es la objeción de conciencia institucional, que permite a establecimientos sanitarios privados negarse a practicar la interrupción del embarazo.
La objeción individual de conciencia, en tanto, no podrá ejercerse cuando esté en riesgo inminente la vida de la madre, "aunque el establecimiento o el profesional sea objetor", según el reglamento.
La polémica surgida en torno a la norma que el actual Gobierno, encabezado por Sebastián Piñera, trató de imponer, motivó incluso una interpelación y una acusación constitucional contra el ministro de Salud, Emilio Santelices, por parte de diputados de la oposición, aunque la acusación fracasó incluso antes de ser discutida en el fondo.
En adelante, "si un hospital es objetor de conciencia va a tener que reformular su convenio con el Estado, y con esto se resuelve el tema", dijo hoy al diario El Mercurio el ministro Santelices.
Si cometo un error, lo reparo, y si tengo que dar disculpas, las doy", admitió respecto del fracasado intento de modificar el reglamento, descartando sentirse herido por las críticas en su contra.
"La única crítica que me pudiera doler es que el presidente (Sebastián Piñera) no estuviera satisfecho con mi trabajo y que pidiera que yo no siga en el cargo, pero las otras son parte del ejercicio", sostuvo.
Parlamentarios del conservador partido Unión Demócrata Independiente (UDI), integrante de la oficialista coalición Chile Vamos dijeron que estudian recurrir al Tribunal Constitucional por estimar que la Contraloría se excedió en sus atribuciones.
"Creo que el dictamen de la Contraloría fue mucho más allá de sus atribuciones al imponerles sanciones económicas a quienes ejercían su derecho a la objeción de conciencia que fue entregado por el TC", afirmó al respecto el diputado Jaime Bellolio,
"Por tanto, nos vamos a reservar las alternativas que tengamos para reclamar contra este dictamen que, nos parece, no se ajusta a derecho", añadió.
2018-06-30
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