Senadores de oposición al Gobierno chileno presentaron este miércoles un proyecto de ley para conceder indultos a todas las personas detenidas durante la grave ola de protestas iniciada en octubre del año pasado, con excepción de aquellas acusadas por delito terrorista.
Firmado por las senadoras Isabel Allende, Yasna Provoste y Adriana Muñoz, además de Juan Ignacio Latorre y Alejandro Navarro, el documento busca eximir de responsabilidad penal y remitir la pena de quienes apresaron a partir del 7 de octubre de 2019 hasta la fecha de presentación del proycto, en el marco de protestas, concentraciones y manifestaciones.
Si bien la iniciativa parlamentaria reconoce que los actos por los cuales se detuvo a un gran número de personas son punibles en la legislación chilena, "se vive un proceso distorsionado" en estos casos debido a "una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y la apertura de múltiples procesos penales".
El documento señala "abusos y vulneraciones a las garantías procesales de las personas imputadas, lo que ha significado la privación preventiva de la libertad en plazos injustificados que no tomarían lugar en circunstancias de la normalidad".
Apoyado también por un grupo de parlamentarios, el proyecto resalta las reiteradas denuncias de parte de organismos internacionales y nacionales que dan cuenta de abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía chilena.
La senadora Adriana Muñoz, presidenta del Senado y una de las patrocinadoras del documento, indicó que "no es aceptable que hace más de un año" las personas detenidas "no tengan derecho a un debido proceso".
"No se sabe en qué situación están ni los cargos que se les pueden hacer. Hay un total anonimato y ocultamiento de la realidad de estas personas, jóvenes en su mayoría, que lo único que hicieron fue salir a protestar", agregó, según medios locales.
No es el primer proyecto de indulto general presentado por la oposición política chilena.
Ya a finales de octubre, un grupo de diputados presentaron una iniciativa de acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo para tramitar indultos y remisión de penas a personas detenidas durante el estallido social.
En esa oportunidad, el Gobierno rechazó la propuesta argumentando que implicaría "justificar la violencia".
Delitos formalizados
Desde octubre del año pasado, la Fiscalía formalizó a un total de 5.084 personas por los delitos que se cometieron en las marchas, de los cuales 648 se encuentran en prisión preventiva y 725 condenados.
Cientos de personas se concentran todos los viernes en el centro de la capital para exigir la libertad de los presos y cambios en las medidas cautelares, además de celeridad en los procesos judiciales y más visitas.
En medio de las manifestaciones se han registrado enfrentamientos con la Policía uniformada, que cerca de manera habitual la principal arteria de Santiago con vallas papales y disuade las protestas con el uso de carros lanza agua y lanza gases.
Además, hay más de 4.600 causas abiertas contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos, pero sólo 75 agentes fueron imputados
Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han mantenido llamado de alerta por el exceso de fuerza mostrado por Carabineros.
EFE
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