EFE.- Un tribunal especial egipcio condenó este martes en ausencia a un destacado activista a 15 años de prisión al considerar que sus mensajes en redes sociales, en los que publica contenido sobre los derechos humanos, suponen una incitación a la violencia y una ofensa al Poder Judicial.
Bahey Eldin Hasan, el director del Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo (CIHRS), fue sentenciado en primera instancia "por crear una cuenta en redes sociales, difundir noticias falsas, incitar a la violencia contra el Estado e insultar al Poder Judicial", informó en un comunicado el Tribunal Penal Supremo de Seguridad del Estado.
Mohamed Said al Sherbiny, el presidente de esta corte, radicada en El Cairo y que trata, entre otros, casos de terrorismo, afirmó al pronunciar el fallo que "las cabezas de la sedición ahora están tratando de socavar el Poder Judicial de Egipto, con la intención de perturbar la seguridad pública y poner en peligro la seguridad de la sociedad".
Además, lanzó una advertencia contra quienes "usan sus plataformas para difundir sus pensamientos maliciosos", ya que estos son "una forma de alta traición".
El CIHRS indicó en su cuenta de Twitter que la sentencia contra su director, que salió de Egipto en 2014 tras recibir amenazas de muerte y vive en Francia, "tiene como objetivo vengarse de él por sus actividades a favor de de derechos humanos y aterrorizarle para disuadirlo de continuar en esa defensa".
La organización exigió que "se retiren los cargos en su contra y que se ponga fin a este patrón de prácticas de represalia contra los defensores de derechos humanos egipcios".
Amnistía Internacional (AI) emitió en comunicado en el que calificó el fallo como "indignante".
El director de Investigaciones para Oriente Medio de esta ONG, Philip Luther, señaló que este se basa en "tuits sobre la desesperada situación de los derechos humanos en Egipto" y en la participación de Eldin Hasan "en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde pidió justicia para Giulio Regeni, un estudiante italiano víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial" en El Cairo en 2016.
AI indicó que esta sentencia se enmarca en la "draconiana" ley contra la ciberdelincuencia de 2018, bajo la que se presentan cargos contra "cualquier persona que ejercita pacíficamente su derecho a la libertad de expresión para criticar y comentar sobre el Gobierno o sobre asuntos públicos en Egipto".