La asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció un aumento de asesinatos a periodistas en los últimos seis meses en Latinoamérica, y un clima de "coacción económica" a los medios de comunicación en buena parte del continente durante el mismo periodo.
Al cerrar su asamblea general en Denver (Colorado, EEUU), la SIP pidió además "enfrentar los embates de los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), en su empeño por debilitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)".
En un comunicado, el organismo citó en particular los "ataques permanentes" de esos Gobiernos a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
| "Los presidentes y funcionarios públicos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Venezuela" a negarse "a ofrecer entrevistas |
Asimismo, la SIP informó del asesinato de 14 periodistas durante el último semestre, "una de las cifras más altas de los últimos 20 años"; de los que tres se produjeron en México, dos en Colombia, dos en Guatemala, dos en Haití y uno respectivamente en Ecuador, Honduras y Paraguay.
El organismo emitió una resolución para "demandar a las autoridades correspondientes mayor voluntad política, investigaciones expeditas y la administración rigurosa de la justicia para impedir que la violencia se mantenga como instrumento para acallar y controlar la libertad de prensa".
Lamentó además que antes de que finalice 2013, "cinco casos" de asesinato de periodistas "quedarán prescritos en Colombia y 12 en México", y urgió a las autoridades correspondientes a adoptar "medidas para evitar que caduquen estos procesos criminales".
En su análisis de la situación de libertad de prensa en el continente, la SIP concluyó que ésta se ve "afectada por la coacción económica en diversas formas".
Una de ellas es "la adquisición masiva de medios de comunicación por parte de los gobiernos, ya sea directamente o a través de personas afines a los mismos en Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Argentina, para convertirlos no en medios de función pública sino que en herramientas de propaganda partidista e ideológica".
La otra vía consiste en "actitudes de discriminación en la pauta de publicidad oficial contra medios independientes", como ocurre en el caso de Argentina, donde hay una "presión oficial a los avisadores para ocasionar perjuicio económico a esos medios".
En Venezuela, "la discriminación oficial" llega al punto de no autorizar "divisas para la importación" de papel; mientras que en Colombia, Panamá y Brasil "se aprecia una creciente industria de juicios y demandas judiciales como forma de acoso a los medios de comunicación", según la SIP.
El organismo criticó además la ley de Comunicación de Ecuador, que entró en vigor en junio, e instó a la Corte Constitucional del país a atender las demandas de inconstitucionalidad que ha recibido sobre la nueva ley de Comunicación del país.
Para hacer frente a esa y otras supuestas "leyes mordaza" aprobadas en el continente, la asamblea general de la SIP acordó crear "un grupo asesor interamericano de juristas de alta calificación y reputación en temas vinculados con la democracia y las libertades de expresión y de prensa" que analice esos fenómenos.
La SIP también mostró su preocupación sobre el "escollo" que supone el "acceso limitado a la información pública en países como Ecuador, Honduras, El Salvador, Panamá, Uruguay y Venezuela"; y la tendencia de "los presidentes y funcionarios públicos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Venezuela" a negarse "a ofrecer entrevistas o conferencias de prensa".
En ese sentido, solicitó a los gobiernos de Argentina, Bolivia, Barbados, Costa Rica, Haití, Honduras y Venezuela "que promuevan debates legislativos sobre las leyes de acceso a la información e impulsen la aprobación de normativas sobre la materia".
En cuanto a EE.UU., la SIP denunció la política del Gobierno de Barack Obama de perseguir "implacablemente" a informantes y su espionaje a periodistas en temas relacionados con la seguridad nacional, y pidió al Congreso estadounidense aprobar leyes que aporten una "protección sólida" a los periodistas.
En la última jornada de la asamblea general de la SIP se produjo además la elección de la nueva presidenta del organismo, la estadounidense Elizabeth Ballantine, que pidió que los hispanos residentes en Estados Unidos se sumen a las gestiones para preservar la libertad de expresión en todo el continente.
"Queremos llegar a la diáspora latina en Estados Unidos, que ya tiene un impacto político, por ejemplo, en la elección del presidente Obama", dijo Ballantine, editora de The Durango Herald (en Durango, Colorado). EFE
2013-10-23