Sudán debe aumentar sus esfuerzos para atender las necesidades de los nuevos desplazados tras los últimos choques armados registrados en la región occidental de Darfur, señaló hoy el experto independiente de la ONU Mashud Baderin.
El especialista en derechos humanos de Sudán destacó en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Jartum que el número de desplazados en los campamentos de acogida de Kalma y Atash, en el sur de Darfur, ha aumentado en los últimos dos meses a más de 4.500 personas por el rebrote de los actos violentos.
Baderin advirtió de que la falta de servicios sanitarios, alimentos y material de acogida puede generar una tragedia humanitaria en la zona.
El experto pidió a la comunidad internacional que presione para lograr la paz en esa conflictiva región sudanesa, donde más de cuarenta personas murieron y otras 43 resultaron heridas por los enfrentamientos tribales que estallaron el pasado lunes.
Darfur es también escenario de un conflicto entre movimientos rebeldes y el ejército sudanés desde 2003, que ha causado más de 300.000 muertos y ha obligado a 2,7 millones de personas a abandonar sus comunidades de origen, según datos de la ONU.
Badarin también recordó los combates que libran tropas gubernamentales y rebeldes en las provincias de Kordofan del Sur y Nilo Azul, en el sur del país.
En esas dos áreas, instó a iniciar un diálogo entre el Gobierno y los rebeldes, y a permitir el envío de ayuda humanitaria a las áreas controladas por el Movimiento Popular de Liberación de Sudán-Sector Norte (MPLS-SN).
El experto también condenó el desplazamiento forzoso de civiles que huyen de los ataques del rebelde Frente Revolucionario Sudanés (FRS) en la zona de Abu Karshola, en Kordofan del Sur, y se dirigen hacia la zona de Al Rahd, en Kordofan del Norte.
El MPLS-SN es el principal integrante del FRS, que también acoge a tres facciones armadas de Darfur.
Baderin añadió que la situación de los derechos humanos en el país ha mejorado con la reciente liberación de varios presos y activistas políticos, si bien consideró que el Gobierno debe aún garantizar la libertad de expresión y respetar -junto a los insurgentes- las normas internacionales para los conflictos armados. /EFE