2001.com.ve | EFE
Un grupo de organizaciones sociales y de abogados presentó este viernes, cuando se conmemoraban los 21 años de la firma de la paz en Guatemala, un recurso "amicus curiae" ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para pedir que se respete "el rango constitucional" de los Acuerdos de la Paz.
Después de un análisis y de talleres que realizaron los firmantes de la acción presentada ante el máximo tribunal del país centroamericano, "concluimos que los Acuerdos de la Paz son normas de rango constitucional y que ahora hay que buscar la forma de implementarlos", comentó a Efe el director regional de la Comisión Internacional de Juristas (ICJ, en inglés), Ramón Cadena Rámila.
Junto a la ICJ, entre los firmantes se encontraba el diputado de izquierda del partido Convergencia, Leocadio Juracán; las tres principales organizaciones campesinas (Codeca, CUC y CCDA), la Fundación Guillermo Toriello, el Sector de Mujeres y el Centro de Investigación Popular, entre otros.
Más allá de hacer un análisis acerca de los "obstáculos para implementar los Acuerdos" que han sido puestos "por el poder político y militar del país", lo que buscó el grupo era "valorar los Acuerdos" y "avanzar en la interpretación de la Ley Marco que los incorporó al ordenamiento jurídico desde 2005″, mencionó Cadena Rámila.
El grupo busca rescatar el documento "no como compromisos, valores o acciones que el Estado puede llegar a realizar", sino como "normas coercitivas" y que "el sistema de justicia vaya determinando sanciones que se tengan que sufrir para quienes no cumplan con estos".
La frustración de la sociedad por el incumplimiento de los Acuerdos de la Paz, motivó a Cadena Rámila y compañía a "analizar el estatus de éstos" y presentar el recurso para "ilustrar" al Constitucional la forma de implementarlos.
La firma de la Paz "Firme y Duradera" y la promoción de los Acuerdos a los que llegó el Gobierno con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en 1996 -luego de 36 años de conflicto armado y una loza de 200.000 muertes y 45.000 desaparecidos-, fueron puestos a consideración de la población que votó en contra de su implementación en una consulta popular posterior al fin de la guerra.
Pero Cadena Rámila explicó que con la consulta "quisieron vendernos la idea de que el voto era un acto típico de democracia, cuando no era necesario porque se trataba de un compromiso del Estado, de mayor rango que una reforma constitucional en condiciones normales".
Firmar la Paz después de una guerra de 36 años, continuó el abogado, "significa más que un referendo o consulta, es la finalización de un conflicto bajo el acuerdo de diversos actores con el apoyo de la comunidad internacional y países amigos, con los que se compromete Guatemala".
De implementar esta medida, cualquier acción "contradictoria a los Acuerdos de la Paz, de ser aprobada" podría ser objeto de "acciones de inconstitucionalidad".
Los Acuerdos, recordó Cadena Rámila, fueron legalizados mediante el decreto 52-2005 en agosto de 2005 y pese a que se expresa que los compromisos del Estado deben ser considerados como "deberes constitucionales", el país "no le ha dado la importancia debida".
Rescatar los Acuerdos es, para Cadena Rámila, resignificar ese proceso "ejemplar" que mostró Guatemala hacia el mundo 21 años atrás, cuando los comandantes del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), Organización del Pueblo en Armas (Orpa), Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), estrecharon las manos de militares y del presidente de turno, Álvaro Arzú Irigoyen.
Despúes de 21 años y de tener claro "un incumplimiento de los Acuerdos", estos "garantizan" la identidad y derecho de los Pueblos Indígenas por lo que "no sería ni siquiera necesario buscar una reforma para reconocer el derecho indígena, contemplado en el documento original", concluyó.
2017-12-30