EFE
Cuba, Venezuela y Guatemala figuran en la "lista negra" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según el informe anual de 2015 que publicó este jueves ese organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El capítulo IV del informe, conocido como la "lista negra", señala los países donde las violaciones de derechos humanos requieren una "atención especial" por parte de este organismo, con sede en Washington.
Cuba y Venezuela repiten en esa lista y Guatemala sustituye a Honduras con respecto al informe de 2014.
Con relación a Cuba, la CIDH criticó "las persistentes restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento".
Todo ello, según el organismo panamericano, continúa limitando "de manera sistemática" los derechos humanos de los habitantes en Cuba.
Respecto a Venezuela, el organismo lamentó "la provisionalidad de los jueces y fiscales", que conlleva "la fragilidad del Poder Judicial y a su falta de independencia e imparcialidad".
La comisión consideró que esta "falla estructural" impacta de manera negativa en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y el debido proceso, por lo que constituye "uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana".
La falta de independencia y autonomía del Poder Judicial frente al poder político es, para la CIDH, "uno de los puntos de mayor fragilidad" y se mostró preocupada por "la utilización del poder punitivo del Estado para hostigar y estigmatizar a los defensores de derechos humanos y periodistas".
Finalmente, con relación a Guatemala, que este año tomó el relevo a Honduras, la CIDH consideró que la situación de derechos humanos en el país presenta, entre otros factores, "situaciones estructurales en materia de justicia, seguridad ciudadana, marginación y discriminación que afectan seriamente el disfrute de los derechos humanos".
La organización destacó "la necesidad" en Guatemala de "una administración de justicia eficiente, independiente y autónoma para el fortalecimiento de la democracia y la vigencia del Estado de Derecho".
"Un Poder Judicial que reúne tales características pone límites a los abusos de autoridad y es garante de la legalidad y la protección de los derechos de todas las personas", apuntó la CIDH en su informe anual.
17-03-2016