DPA
La llamada Comisión Internacional de Verificación (CIV) que supervisa el supuesto desarme de ETA sin el reconocimiento del gobierno español de Mariano Rajoy criticó hoy la falta de apoyo institucional a ese proceso.
"No existe precedente alguno, ni otro ejemplo, en ningún lugar del mundo, en que un movimiento armado como ETA (…) se haya ofrecido a emprender un proceso de poner sus armas, municiones y explosivos fuera de uso y eso no recibe el aval positivo de las instituciones formales", dijo el portavoz de la CIV, Ram Manikkalingam.
La queja, a través de un comunicado, llega un día después de que Manikkalingam y otros dos miembros de la CIV fueran interrogados por la Justicia española.
En la Audiencia Nacional respondieron el domingo como testigos tras el anuncio de un exiguo desarme parcial que ETA hizo a través de ellos el viernes en Bilbao y en medio de la polémica que se abrió por el armamento que el grupo armado se comprometió a no volver a usar: poco más de tres pistolas, un fusil y 16 kilos de explosivos.
"Los debates y las discusiones sobre cómo se llevó a cabo la primera puesta fuera de uso y sobre la cantidad de armas y material inutilizados olvidan el objetivo de fondo", indicaron los verificadores.
"Como han demostrado los acontecimientos de esta semana, entre ellos la citación a miembros de la Comisión a declarar ante el juez, es extremadamente difícil, si no imposible, ayudar para asegurar que ETA lleve a cabo la intención que nos expresó", señalaron.
La CIV comenzó a trabajar a instancias de la propia organización separatista vasca en septiembre de 2011, poco antes de que esta anunciar el cese definitivo del terrorismo, pero no su desarme ni su disolución.
Hoy aseguró de nuevo que ETA está dispuesta "a poner fuera de uso operativo, de forma unilateral, la totalidad de sus armas, municiones y explosivos en los próximos tiempos".
El gobierno de Rajoy, que no avala el trabajo de la CIV, califica lo ocurrido el viernes de "teatralización" e insiste en que lo único que espera es la disolución de ETA, que desde los años 60 ha matado a más de 800 personas en su pretensión de lograr la independencia del País Vasco del resto de España.
Los verificadores están recibiendo muchas críticas desde el viernes de parte de sectores políticos y sociales bajo la crítica general de hacer el juego a ETA. Sí cuentan, sin embargo, con el apoyo del gobierno regional del País Vasco, en manos del Partido Nacionalista Vasco (PNV).