Hasta el mes de marzo, en las cárceles de Colombia había 2859 internos extranjeros, de los cuales 2389 eran venezolanos y venezolanas, es decir 84% del total.
De esa cifra, unas 332 eran mujeres, lo cual equivale al 14% de la población total. La mayoría de ellas, al igual que las colombianas, están condenadas por delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, o por hurtos.
La información fue recolectada por el estudio “Mujeres y Prisión en Colombia” publicado por el diario El Espectador de ese país.
El mismo fue desarrollado de manera conjunta por la Pontificia Universidad Javeriana, la Cruz Roja y el Centro de Investigación y Docencia Económica, de México.
Este trabajo se enfoca en revelar la realidad de muchos migrantes venezolanos, quienes hoy forman parte de la población carcelaria, lejos de sus familias.
Según el informe, entre las mujeres recluidas, un 85% del total son madres.
Investigadoras encontraron que la gran mayoría de las reclusas son solteras, cabezas de familia con la responsabilidad exclusiva de su hogar, y de estratos socioeconómicos bajos.
Los ingresos promedio de los hogares de estas mujeres antes de su detención eran inferiores a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Esta caracterización, según el estudio, es igual en el caso de colombianas y venezolanas.
La publicación recoge el testimonio de una reclusa venezolana, identificada solo como Daniela, quien quedó detenida por hurto el 16 de diciembre de 2020.
El 7 de julio la condenaron. Daniela pidió prisión domiciliaria por ser madre cabeza de familia, pero el juez la negó porque los hijos no vivían en Colombia, relató la mujer.
De igual manera, pidió la extradición hacia Venezuela dos veces, pero se la negaron en ambos casos, aseveró.
Desde la cárcel, mandó solicitudes para tener visitas virtuales y ver a sus hijos a través de videollamadas desde los computadores de la institución. Sin embargo, no ha obtenido respuesta. La única opción, por ahora, es llamar.
Su mamá o su anterior pareja, quien que vive ahora en Bogotá, o una “compañerita” de la cárcel le colaboran. Consignan plata a una cuenta de ahorros de la penitenciaría y con ese dinero recarga el teléfono.
La llamada de un minuto hacia Venezuela cuesta 600 pesos, “uno de los precios más caros del mercado”, según Claudia Cárdenas, directora de la ONG Mujeres Libres.
“Las mujeres extranjeras en cárceles son mucho más excluidas. No están cerca de sus familias; dependen de otras familias que, de alguna u otra forma, las adoptan. Sus gobiernos las abandonan y no reciben ayudas de ellos, ni asesorías legales ni kits higiénicos con toallas menstruales. Tampoco acompañamiento psicológico ni visitas para comprobar que no sean torturadas, por ejemplo”, dijo Cárdenas.
Añadió que “lo complicado, después, es cuando salen de prisión con la libertad condicional, que es el caso de la mayoría. Entonces, tienen el pasaporte vencido, no tienen permiso de trabajo y, además, tienen la marca de ser pospenadas”.
Ante esta situación, “tienen que rebuscarse el dinero para el pasaporte y para enviarle a los hijos y a quienes los cuidan”. Además deben reunir dinero para “el tiquete de avión o bus para volver” a Venezuela y, “para vivir mientras están a paz y salvo con el país e irse”, describió.
Liliana Sánchez, vicerrectora de investigación de la Javeriana e investigadora principal del estudio “Mujeres y Prisión en Colombia”, aseguró que “ellas hacen parte de los eslabones más débiles”.
El tráfico y el hurto son crímenes, en general, de supervivencia, relacionados con contextos de violencia e ingresos económicos bajos. En ese sentido, “la mayoría de crímenes cometidos por las mujeres privadas de la libertad, fueron a raíz de sus condiciones de pobreza, dijo Esmeralda Echeverry, directora de la organización Cárceles al Desnudo.
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