Un tribunal español aprobó la extradición de un ciudadano venezolano requerido por las autoridades del país para que responda ante la justicia por presunto fraude y apropiación indebida de fondos desde su empleo en una casa de bolsa de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.
El caso de Ernesto Quintero, de 40 años, ha generado protestas de la comunidad venezolana afincada en España y de la oposición al gobierno de Venezuela.
Un grupo de opositores y familiares del acusado, incluida su esposa, se manifestaron en las inmediaciones de la Audiencia Nacional para demandar que España no ejecute la extradición.
Quintero trabajó en una casa de bolsa en la capital del estado de Zulia que fue intervenida en 2010 por irregularidades en el manejo de fondos, venta no autorizada de las inversiones de clientes y desvío de capitales a las Islas Vírgenes, un territorio británico de ultramar.
El acusado fue detenido en España a principios de 2019 y hasta que la semana pasada fue nuevamente arrestado por la policía española se encontraba en libertad condicional a la espera de una decisión sobre su extradición.
Acción
Los tres jueces del tribunal rechazaron los argumentos de Quintero, que había alegado que tras su pedido de extradición existían motivaciones políticas y que su integridad física estaría en peligro en Venezuela.
En su decisión, que puede ser recurrida, el tribunal señaló que Venezuela no reclamó judicialmente a Quintero “hasta que no se aclaró la falta de los depósitos realizados por pequeños ahorradores”, un hecho que, a criterio de los jueces, demuestra la inexistencia del criterio político.
Además, prosigue el auto judicial al que tuvo acceso The Associated Press, “no se deduce de la reclamación presentada la existencia de ningún motivo que permita deducir que el reclamado será objeto de malos tratos o vulneración de sus derechos fundamentales”.
Las autoridades españolas han concedido a su hija protección internacional por razones humanitarias.
Reacción
Antonio Ecarri, el político venezolano designado como embajador en España por el opositor Juan Guaidó, señaló que “llevar a cabo cualquier extradición de un venezolano en este momento es condenarlo a muerte por cuanto es ampliamente conocido que el gobierno de Venezuela ha sido denunciado como violador de los derechos humanos”.
España y Venezuela cuentan con un acuerdo de extradición bilateral en vigor, pero la Audiencia Nacional ha aceptado el argumento de la vulneración de derechos en el país caribeño a la hora de rechazar la entrega de detenidos en casos destacados como el de Claudia Patricia Díaz Guillén, exayudante del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, y su marido Andrés Velásquez Figueroa, ambos buscados en Venezuela por enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales.
Madrid – AP