Nayzai Saavedra
[email protected]
En junio de 2013 la Asamblea Nacional aprobó la Ley Desarme; sin embargo, tres años después algunos de sus impulsores y ONG consideran que la aplicación no está siendo lo suficientemente eficiente, por lo que no ha tenido el efecto esperado.
El político y actual diputado de la Asamblea Nacional Juan Carlos Caldera -quien fue uno de los impulsores de la ley- recordó que originalmente la ordenanza tenía tres ejes principales.
El corazón de la propuesta era el Programa Social de Canje de Armas por Oportunidades, en dónde se buscaba fundamentalmente poner en marcha una operación desde la sociedad venezolana y no con el Gobierno como figura central. “Que no tuviese ningún matiz político, partidista, proselitista, como lamentablemente ocurrió”, manifestó Caldera.
De hecho, recordó que en la comisión de desarme tuvieron la oportunidad de conocer la experiencia de Río de Janeiro, en Brasil, y que la principal recomendación que les dieron fue que se generara como movimiento social.
En segundo lugar, la ley buscaba tener una normativa para el control, tenencia y regulación de armas en dónde se realizaron acciones como la creación de la categoría del porte de armas para escoltas, control que anteriormente no existía, relató.
También se incluyó el control del uso indiscriminado de municiones en los barrios. “Eso que conocemos como la feria de los tiros los fines de semana”, agregó. Y el elemento más novedoso era marcar la munición, lo que permitiría hacerle mejor seguimiento a la hora de realizar la criminalística a los delitos.
Tuvo conocimiento de que el proceso iba a empezar con las municiones de la Policía Nacional Bolivariana.
“Se le dio un Vacatio Legis -periodo que transcurre desde la publicación de una norma hasta que esta entra en vigor- para que compraran los equipos e implementaran la tecnología”, comentó, agregando que desconocía si se había realizado el proceso con éxito.
Contundencia. El político explicó que el problema se encuentra en la aplicación de la ley, más que en lo cambios que le fueron realizados, ya que considera que se está haciendo un show mediático con todo lo relacionado con el desarme.
Caldera dejó en claro que para hacer efectivo el abandono de las armas había que dar un mensaje preciso y contundente en el que se expresara que el desarme no era una opción sino una decisión y que se tenían dos caminos: o se hacía de manera voluntaria o compulsiva, a través del ejercicio de las fuerzas legítimas del Estado venezolano.
“Lamentablemente ninguna de las dos cosas ha ocurrido; más bien se ve cómo el Estado protege el uso de armas en grupos paramilitares, llamados colectivos, que de manera impune y en las narices de todos y de la Fuerza Armada, actúan”; dijo Caldera, advirtiendo además que esto ha generado un mensaje contradictorio para las bandas armadas.
También indicó que para que el desarme voluntario tenga credibilidad tiene que ser un incentivo, no tanto motivado a recibir una computadora o una beca, sino asocia- do a que con eso la persona se desliga de un problema, ya que de una forma u otra la justicia va a llegar. “Tienes que tener la seguridad de que la justicia te va a llegar así que es mejor entregar el arma por las buenas para que no sea la autoridad la que te la quite por las malas”, reiteró.
Resultados. A pesar de todos los logros que el Gobierno ha declarado, y de las cifras sobre destrucción de armas masivas que se han llevado a cabo, Caldera considera que los resultados en materia de seguridad del Estado son negativos, ya que los índices delictivos en lugar de disminuir van en aumento año tras año.
En este sentido trajo a colación el número de funcionarios policiales que mueren fundamentalmente para ser despojados de su arma de reglamento y que ha pesar de ser un tema de gravedad y de importancia no ha tenido una respuesta a nivel del Gobierno, por lo que la percepción de los ciudadanos se agrava aún más ante la inseguridad.
Indicó que la falta de efectividad de la ley en la práctica se evidencia a grandes rasgos -adicional a las muertes violentas por armas de fuego que se generan diariamente- en este fenómeno contra los funcionarios policiales y la libertad que tienen los colectivos.
Es necesaria una campaña nacional en la que se explique a los ciudadanos los riesgos que conlleva tener un arma de fuego.