Joan M. Camargo [email protected]
Los alcaldes opositores en Venezuela no solo tienen que lidiar con problemas sociales inherentes a sus municipios, sino que además, deben sortear los obstáculos políticos, jurídicos y económicos impuestos por el Gobierno nacional.
Son múltiples y reiteradas las denuncias y manifestaciones públicas realizadas por los burgomaestres en contra de las acusaciones, presiones e incumplimientos en el otorgamiento de recursos para el desarrollo de su gestión municipal.
Hasta la fecha han sido separados de sus cargos un total de seis alcaldes por presuntos delitos. Y son más los que tienen juicios abiertos, sin ningún tipo de sentencia ni culminación.
Entre las más recientes, la destitución de alcaldes Delson Guárate, del municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua y Warner Jiménez, alcalde de Maturín, estado Monagas ha sido percibida por el sector opositor como un “golpe ilegal e inconstitucional” por parte del Gobierno.
Estrategia para anular. El juego político nacional ha generado especie de organismos paralelos a las gobernaciones y alcaldías reconocidas por la Constitución y refrendadas por el voto popular, que son promovidas por el gobierno, bajo el argumento de que las legítimamente reconocidas son inoperantes. Así, se desvían los recursos que se niegan a esas otras instancias de poder y se pretende dejarlas casi inoperables y huérfanas del reconocimiento popular, estableciendo pretextos para una acción judicial en curso.
Destituciones
El secretario general de Unidad Visión Venezuela en Aragua, Carlos Dordelly, asegura que “una vez que los mariobricenses ratifican como su alcalde Delson Guárate, el Gobernador Tarek El Aissami decide colocar un alcalde paralelo, quitándole los recursos y competencias al burgomaestre escogido por el pueblo”.
Esta maniobra política fue utilizada por el ex presidente Chávez. Con sentencias de tribunales, contiendas jurídicas contra un alcalde que ni siquiera contaba con los recursos básicos para hacer lo más importante que hace un alcalde como lo es la recolección de basura.
Golpe económico
Cumplir con el incremento del salario mínimo bolívares y el ajuste del bono de alimentación es una tarea cuesta arriba para las alcaldías del país.
Los recursos del situado constitucional no llegan con la misma rapidez de los anuncios presidenciales y mucho menos de la necesidad de empleados y proveedores de las alcaldías.
Los apremios no se viven por igual en el Poder Municipal, los aportes se aceleran en las estancias de poder afectas al Gobierno y marchan lentamente en las opositoras, tal como las nueve alcaldías del estado Mérida, bajo control de la Mesa de la Unidad (MUD) que se acaban de declarar en emergencia.
Los rezagos presupuestarios terminan desestabilizando a la Alcaldía como organismo del Poder Público, por lo que la sobrevivencia municipal obliga a congelar proyectos, programas sociales, para perjudicar a la institución y finalmente al ciudadano, la razón de su existencia.
“Jiménez víctima del Psuv”
El mismo día, se procedió a destituir a Delson Guárate, alcalde de Mario Briceño Irragorry (Aragua), detenido desde el 2 de septiembre y a Warner Jiménez, alcalde Maturín , quien tiene una orden de captura desde el 25 de agosto.
“Entraron a mi casa sin ninguna orden de allanamiento, violaron los principios básicos universales, enfrentarán la historia más temprano que tarde”, dijo Warner Jiménez.
Gobiernos rurales en crisis
La alcaldía del municipio Zea en Mérida se encuentra en crisis por la poca asignación de divisas por parte del Estado.
El alcalde Carlos Julio Rondón, manifiesta la declara en estado de cierre técnico. “La inflación acabó con todo el presupuesto del año a mediados de julio”.
Hemos tenido que disminuir los programas sociales en materia de salud y atención a los más vulnerables. Además, reducimos personal porque no tenemos como pagarle.
Blyde: Poder Judicial pasa por encima de la ley
El alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, ha denunciado al frente de la Asociación de Alcaldes por Venezuela, las medidas que se toman en contra de los burgomaestres.
Blyde lamenta que “es el propio Gobierno a través de su poder judicial quien está actuando, todas las destituciones realizadas son ilegales e inconstitucionales. Ante esta situación se hace difícil esperar justicia cuando son ellos los que violan las leyes”.
El alcalde de Baruta indica que la situación de los titulares municipales es delicada. Denuncia que aún hay alcaldes con juicios abiertos y ninguno de esos juicios terminan de concluirse.
Gerardo Blyde declara que no confía que pueda haber una respuesta por parte de un sistema judicial que se está prestando para inhabilitar e impedir que alcaldes electos por el pueblo ejerzan su función.
Según el burgomaestre, “el Gobierno busca hacer ineficiente todo el poder público municipal, es decir, ha establecido un golpe continuado en contra de las alcaldías opositoras”.
“A los alcaldes opositores nos atacan por la vía política, la jurisdiccional y la económica. No envían los recursos para cancelarle a los trabajadores de las alcaldías sus aumentos salariales. Solo se envía 5% de lo que se requiere para pagar la nómina de las alcaldías”, aseveró Blyde.
Municipios como Baruta tiene desde escuelas municipales, registro civil, ambulatorios, parques y otras instancias que necesitan del presupuesto estable para que todos los servicios funcionen a plenitud.
“La reducción en el envío de recursos puede ocasionar que en algún momento se empiecen a cerrar muchos de los servicios que se prestan”, aseguró el alcalde de Baruta.
La Ley estipula que si el alcalde está detenido, tras cumplirse los 45 días y la fiscalía no lo imputa, el puede salir libre o con una medida cautelar.
A su vez, cuando no hay ausencia absoluta lo normal es que el alcalde designe a un funcionario de su administración para cubrir la falta temporal.
5% del 100% requerido es lo que se el Ejecutivo le envía a la alcaldía de Baruta para pagar el salario de todos los empleados del municipio, Según información de su alcalde Gerardo Blyde.
90
Noventa días es el plazo de ley para declarar a un alcalde en “ausencia absoluta”. De acuerdo a esa premisa, el argumento oficial para destituir de sus cargos a Delson Guárate y Warner Jiménez no procede. Los funcionarios fueron remplazados por Brullerby Suárez (Aragua) y Wilfredo Ordaz (Monagas).
76%
En las elecciones municipales de 2013, un 76 por ciento de las alcaldías del país recayeron en manos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), junto a la coalición revolucionaria agrupada en el Gran Polo Patriótico “Simón Bolívar”.
2016-10-04