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El presidente de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, diputado Richard Blanco, aseveró este miércoles que la instancia a su cargo citará al presidente de la institución financiera Banesco a fin de determinar la supuesta existencia ilegal de una agencia de esta institución financiera que fuera instalada en el interior del Centro penitenciario de Tocuyito.
“Al presidente de Banesco, quiero invitarlo a la comisión para que nos informe sobre la situación que se hizo pública a través de los medios de comunicación. Tenemos videos donde se nos indica que en Tocorón y en algunos centros penitenciarios existen unas taquillas de esa entidad bancaria, ¿por supuesto, yo no estoy diciendo que Banesco las tiene? Lo que quiero es que nos reunamos con miras a esclarecer el caso ¿porque de ser así?, estaríamos ante una situación realmente alarmante”.
De igual forma, dijo el parlamentario que en los penales se deben cumplir algunos protocolos que les impone el sistema penitenciario venezolano. “Uno de ellos es el pase de número, para chequear que las personas que durmieron la noche anterior amanecieron en igual número de privados en libertad, y eso, al parecer, no ocurre así”.
Recomendó al Gobierno descentralizar los penales de todo el país, lo cuales, a su juicio, tienen que ser dirigidos por personas formadas, capaces, preparadas y formadas para ello.
De igual forma, aseguró que las cárceles en Venezuela son universidades del delito y que, “eso ocurre por la violación del artículo 272 de la Carta Magna”, el cual establece, que “El Estado venezolano garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna, y el respeto a sus derechos humanos…” entre otros considerandos.
Dijo el diputado Blanco: “Si bien es cierto que un ciudadano cuando comete un delito debe pagar por ello con toda la rigurosidad de la Ley, no es menos cierto que una vez que ese venezolano pasa a calidad de detenido, el Estado debe responder por los derechos humanos de ese privado de libertad. Hay un principio del Estado de derecho y ese derecho tiene que respetarse”.
“Lo ocurrido en la Penitenciara General de Venezuela es alarmante. Se deben velar por los derechos humanos de los privados”, precisó.
Blanco aseguró que aproximadamente el 80% de los privados de libertad no han podido ser procesados.
Lamentablemente para la Comisión, la ministra (de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela) de manera intempestiva suspendió las visitas a los centros penitenciarios, entre ellos Fénix, la cárcel Yare I, II y III y algunos otros centros penitenciarios, para detectar las anomalías y también las bondades, en algunos casos muy pocas, que existen en el sistema penitenciario de Venezuela”, declaró Blanco.
Resaltó el parlamentario que han enviado varias comunicaciones a la alta funcionaria gubernamental para que les indique por qué fueron suspendidos los recorridos en otros centros penitenciarios. Hasta el momento, dijo, no han recibido respuesta, y la exhortó a conformar mesas de trabajo de manera conjunta con la comisión Permanente de Culto y Régimen Penitenciario.
Explicó, que la comisión que dirige elaborará un informe donde se expondrá dicha problemática, y será presentado a la plenaria de la AN para su discusión.