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La regulación de precios de productos básicos en Venezuela representará un alivio efímero para una parte de la población, pero tendrá un efecto contraproducente de desabastecimiento y cierre de empresas, según expertos en economía y finanzas consultados por la Voz de América.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunció un plan de fiscalización para contener “la especulación criminal” durante la pandemia de la COVID-19.
Tareck El Aissami, vicepresidente económico del gobierno en disputa, precisó que fijarían los precios de 27 productos básicos, como el atún y la harina de maíz, y fiscalizaría que los comercios honraran la medida en toda Venezuela.
“Vamos a buscar un punto de equilibrio nuevamente en el mercado”, dijo el vocero, quien es solicitado penalmente por el gobierno de Estados Unidos.
La decisión está acompañada de la “venta supervisada” de las empresas Alimentos Polar, Plumrose y el matadero industrial de Tumero, en el estado Aragua.
Alejandro Grisanti, consultor económico, considera que el gobierno en disputa “ha vuelto a sus orígenes” de intervención económica con la medida.
Resalta que el chavismo ha expropiado o confiscado bienes de al menos 860 de las grandes empresas de Venezuela en sus 21 años de historia política.
Concluye que es una decisión errada imponer una restricción a una oferta de productos ya limitada en el mercado nacional e internacional por la pandemia.
Grisanti opina que la fijación de precios de parte del Estado venezolano será caldo de cultivo de la escasez y la corrupción.
Advierte que el efecto inmediato será “un alivio temporal, de muy pocos días” del gobierno en disputa gracias a los inventarios existentes de las empresas y habrá, a su juicio, mayor venta de los productos regulados en un corto plazo.
Luego, teme, los indicadores de desempleo aumentarán y los de producción se desplomarán. “Son empresas que terminan sin producir. No van a poder tener un incremento de la oferta y no van a poder llenar los anaqueles”, pronostica.
Grisanti augura que habrá una cascada de cierre de esas empresas obligadas a vender sus productos por debajo de sus costos de producción. “Algunas podrán subsistir por algún poco tiempo, pero están destinadas a morir”, dice.
Insiste en que Venezuela vive “una crisis dentro de la crisis” de la pandemia. El país experimenta una profunda recesión desde el último trimestre de 2013, el año en el que Maduro asumió el poder tras la muerte del líder socialista Hugo Chávez Frías.
Dice no entender cómo, en ese contexto, el madurismo nada a contracorriente de las prácticas financieras del resto de América Latina en la contingencia por la COVID-19.
“Otros países buscan apoyar a su sector privado, darle facilidad de crédito para mantener a sus trabajadores e incentivos fiscales para que las empresas puedan seguir produciendo. Hay transferencias directas a sus ciudadanos para comprar bienes esenciales. En ningún caso, vemos confiscaciones ni fijación de precios”, evalúa.
“Se escapa de las manos”
Iván Cañizález, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, interpreta que el efecto positivo de la fijación y regulación de precios de 27 productos en Venezuela será efímero.
“La regulación de precios, en toda la historia, ha tenido muy poco éxito. Circunstancialmente, pareciera que es una buena medida, pero es como cuando tienes mucha fiebre y te das un baño: te baja la fiebre, pero no por mucho tiempo. Va a retornar hasta que no resuelvas la causa”, expone.
Opina que la más reciente decisión económica del gobierno en disputa es “algo descabellada” cuando existe hiperinflación en Venezuela desde noviembre de 2017.
Entre marzo de 2019 y el mismo mes de 2020, el mercado interno experimentó una inflación de 3.365 por ciento, según cifras de la opositora Asamblea Nacional.
Cañizález prevé que la regulación de precios quede en el papel cuando desaparezcan de los anaqueles la totalidad o la mayoría de los 27 productos marcados oficialmente.
Su pronóstico es que esos artículos y alimentos llegarán prontamente al mercado negro mientras múltiples negocios desobedecerán la directriz.
El economista indica que el sector privado reaccionará con temor y desconfianza. Advierte, además, que la regulación de precios allana el camino de la de corrupción de los mismos cuerpos fiscalizadores y de las extorsiones a los empresarios.
“Ya el gobierno experimentó en carne propia esta política que llevó a un desabastecimiento generalizado. Trataron de subsanarlo liberando el control del cambio y que se fijaran los precios en dólares en algunos productos”, examina.
El madurismo suspendió la Ley de Ilícitos Cambiarios en agosto de 2018 y el Banco Central de Venezuela equiparó en 2019 su tasa de cambio a la del mercado paralelo.
El control de precios, regulado por una ley desde 2015, fue más flexible el año pasado hasta el punto de que algunos economistas hablaron de “recuperación” económica.
Cañizález observa que el gobierno en disputa no logrará, por falta de reservas, manejar en este momento el impacto de la divisa estadounidense a lo interno.
Las reservas internacionales de Venezuela son de 6.333 millones de dólares, un nivel jamás visto en los últimos 50 años. El analista estima que el dólar dictará la pauta de los precios del mercado en el país a pesar de la reciente medida de Miraflores.
Duda, asimismo, que el gobierno en disputa tenga el músculo logístico para garantizar el éxito de la regulación: “Esto se escapa de las manos del Estado”.
Henkel García, analista financiero y directivo de la firma Econométrica, analiza que el gobierno en disputa de Venezuela está tratando de contener la pérdida de poder de compra del ciudadano ante la contracción económica que se deriva de la pandemia.
Considera, sin embargo, que el camino tomado por el madurismo “no es el mejor”.
“Los controles tienden a desaparecer la oferta y es menos el producto que puede llegar a la gente. Se puede traducir en que la gente puede comprar menos productos en términos absolutos. Es una vía errada”, asegura.
El madurismo sumó a la regulación de precios y la fiscalización de tres empresas privadas el anuncio de un nuevo salario mínimo mensual: 800.000 bolívares o 4,5 dólares de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.
García acota que los controles de precios culminan generalmente en “inviabilidad financiera” de las empresas sometidas a ellos. Esa, dice, es una tarea del mercado.
“El mismo mercado es el encargado de determinar si una empresa debe funcionar o no y cuál es el producto que debe fabricarse, a dónde se deben dirigir los esfuerzos para producir más de un determinado producto y menos de otro”, explica.
Duda que haya grandes cadenas empresariales que se atrevan a rebelarse de facto ante la decisión anunciada por el Palacio de Miraflores.
Es un hecho “inmediato”, sostiene García, que los productos escaseen cada vez que el chavismo anuncia controles de sus precios.
Cita como ejemplo que la harina de maíz comenzó a desaparecer de los anaqueles del país enseguida que corrieron versiones extraoficiales sobre la regulación madurista.
Teme que los demás productos incluidos en la lista oficial corran la misma suerte.
“Todo va a depender de cuán por debajo del precio del mercado fijen el precio regulado del producto. El mercado es al final quien decide”, insiste.
Obstáculo en la operativa
Alimentos Polar, una de las empresas más importantes del país y de las señaladas por el gobierno en disputa, volvió alertar este mismo miércoles (29 de abril) sobre las posibles consecuencias de este nuevo control de precios.
En un comunicado, aseguran que este mecanismo del gobierno en disputa “no es viable” pues “los costos de producción varían constantemente en función del precio del dólar y de la hiperinflación”.
Explican que desde hace más de un años, cuando el madurismo así lo indicó, han adquirido con recursos propios las divisas para la importación de materias primas e insumos.
Sin embargo, señalan que las divisas ofrecidas a la tasa que publica diariamente el Banco Central “no son suficiente” y por ende tienen que acudir a otros oferentes a una tasa “muy superior”.
“Para adquirir las divisas la empresa debe generar ingresos suficientes, ajustando sus precios cada vez que sea necesario en función de los costos de reposición”, señalan.
Debido a esta realidad, la empresa expone que el regreso de la fijación de precios “constituye un obstáculo para mantener la continuidad operativa”, por lo que “inevitablemente, provocará de nuevo el desabastecimiento de los rubros controlados”.
Por: Voz de América
2020-04-30
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