EFE
La Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, acordó este miércoles declarar la "responsabilidad política" de siete funcionarios y exfuncionarios en la actual "crisis eléctrica" del país y citar al ministro de Energía, Luis Motta Domínguez.
Entre los señalados está el exministro de Energía y Petróleo y expresidente de la estatal Pdvsa Rafael Ramírez, a quien el Parlamento había declarado en noviembre pasado políticamente responsable por su supuesta implicación en casos de corrupción al frente de estos despachos.
Este miércoles también fueron encontrados responsables los exministros de energía eléctrica Argenis Chávez, Jesse Chacón y Alí Rodríguez Araque, los exviceministros Javier Alvarado y Nervis Villalobos, así como el exvicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz, por su labor como presidente del "Estado Mayor Eléctrico".
El Legislativo fijó para el próximo martes una comparecencia a la que invitarán al actual titular de la cartera de Energía a fin de que explique "la realidad" del sistema eléctrico nacional y evite un voto de censura del Parlamento, solicitado hoy por la comisión de diputados que investigó el tema.
El diputado opositor Jorge Millán, presidente de dicha comisión, presentó el informe en plenaria frente a la mayoría antichavista que controla el Legislativo y ante la ausencia absoluta de la bancada oficialista, que no asiste a estos debates desde hace semanas por considerar ilegales los actos parlamentarios.
Millán aseguró que a diario algunos lugares de Venezuela registran apagones durante horas y que esto se debe al "envilecimiento de unos funcionarios que han preferido enriquecerse" en los últimos años, así como a "la falta de mantenimiento y a la desinversión en las plantas eléctricas".
Afirmó que durante la última década el Gobierno aprobó al menos 42 proyectos eléctricos por una suma de 39.465 millones de dólares, y que de ese total unos 25.000 millones han resultado una "pérdida para la nación".
El informe aprobado por la Asamblea Nacional (AN, parlamento) recomienda la eliminación del ministerio de Energía Eléctrica, una auditoría al sistema eléctrico nacional, remitir la investigación a la Fiscalía para que inicie averiguaciones penales y revisar las vinculaciones de contratistas con irregularidades en esta área.
Por incumplir varias sentencias, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró al Parlamento en desacato y determinó que todos los actos legislativos son nulos y carecen de toda legalidad.
2017-02-15