2001.com.ve | EFE
La Asamblea Nacional (AN), acordó hoy redactar un informe, que elevará a la comunidad internacional, en el que se detallen las "pésimas condiciones" del sistema electoral del país, una denuncia que la oposición reafirmó tras los comicios municipales del domingo.
Durante la sesión de hoy, la última del año, los diputados opositores aprobaron un acuerdo en el que se comprometieron a "trabajar de manera conjunta con las organizaciones de observación electoral independientes en el país" para levantar un "expediente detallado".
El mismo será luego elevado a "instancias internacionales a los fines de dar a conocer las pésimas condiciones en las que se encuentra el sistema electoral venezolano".
El proceso de votación en Venezuela es constantemente defendido por el Gobierno y el lunes fue considerado por la misión del Consejo de Expertos Electorales de América Latina (Ceela) como "uno de los mejores" de la región.
El acuerdo aprobado hoy por el Parlamento no establece plazos para presentar el informe.
Esta decisión se acuerda solo dos días después de los comicios municipales celebrados en el país, en los que la coalición oficialista Gran Polo Patriótico, ganó con holgura pero medio de una alta abstención.
El Legislativo también calificó los comicios como una "farsa", puesto que se realizaron, aseguró, "al margen de los tratados de derechos humanos, la Constitución y las leyes" vigentes.
Por tal motivo, el acuerdo señaló como "inexistente" la elección, lo que en la práctica se traduce en el desconocimiento de unos resultados que dejan al chavismo con el control de las cámaras municipales y casi sin contrapeso en la arena política.
En el texto, los opositores piden además a las Fuerzas Armadas no convalidar los resultados, porque esto equivaldría a "una violación a la Constitución".
En las elecciones del pasado domingo el chavismo obtuvo un contundente triunfo electoral, que era previsible al no presentarse un sector de la oposición que puso en duda la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), al que acusa de favorecer al oficialismo.
En este grupo estaban dos de los principales partidos políticos opositores, como Primero Justicia -en el que milita el dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles- y Voluntad Popular, del líder preso Leopoldo López.
Estas organizaciones, al igual que Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo (UNT), se encuentran inhabilitadas por no haber participado en los comicios presidenciales del 20 de mayo pasado, en los que fue reelegido Nicolás Maduro y que la oposición rechazó en su momento por considerarlos fraudulentos.
La coalición de Maduro obtuvo el triunfo en más del 90 % de los 335 concejos municipales del país -para los que se escogieron 2.459 cargos-, en unos comicios cuya abstención fue del 72,6 %; la segunda votación con menos participación desde que se instauró la llamada revolución bolivariana en 1999.
En ese sentido, la legisladora Nora Bracho dijo al presentar el acuerdo en la sesión del Parlamento de este martes que los venezolanos dieron una muestra de su rechazo a las elecciones con su "ausencia" en las urnas.
"El venezolano no confía en absoluto en este sistema electoral, un sistema tramposo, un sistema que no es transparente, un sistema que no respeta la voluntad del pueblo", añadió.
"Rechazamos contundentemente unas elecciones fraudulentas, unas elecciones que no fueron tal, sino un teatro al estilo cubano y que no representan la voluntad de los ciudadanos", continuó la también directiva de UNT, uno de los partidos que no acudió a los comicios del domingo.
En tanto que el legislador Juan Andrés Mejía, del partido de López, aseguró que en Venezuela "el derecho a elegir está absoluta y completamente secuestrado" por el Gobierno de Maduro.
Los opositores también acordaron hoy instar a los países firmantes del Estatuto de Roma sumarse a la iniciativa de las naciones americanas que pidieron a la Corte Penal Internacional (CPI) investigar supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014.
Durante el debate se remarcó que en Venezuela "no hay ninguna garantía de respeto a los derechos humanos", debido a que hay escasez de medicinas, alimentos; así como políticos, militares y disidentes del Gobierno presos, exiliados y "perseguidos".
2018-12-11
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