Andreina Dominguez U. [email protected]
Un preso político es la persona a la cual el Estado mantiene bajo arresto porque sus ideales suponen una amenaza para el sistema político establecido.
En Venezuela hoy en día la cifra de éstos privados de libertad asciende a 109. Un número alarmante, pues ni durante el mandato de Hugo Chávez hubo tantos encarcelamientos por razones políticas.
Según el último listado del Foro Penal venezolano, de este 2016 permanecen detenidas alrededor de 36 personas; del año pasado hay 27, mientras que del 2014 siguen sin libertad 41 .
Pareciera que ni el diálogo nacional -que prometía liberar a más de uno- logró que los considerados “inocentes” pasaran una Navidad junto a sus seres queridos.
Gonzálo Himiob, director de dicha ONG, expresó que a pesar de las pocas liberaciones que se han suscitado en el país se sigue manteniendo el efecto de ‘puerta giratoria’, es decir, que mientras unos salen otros entran, “aquí no ha bajado el número de presos políticos, eso indica claramente que el esquema de represión continúa, en otras palabras, se utiliza el sistema judicial al servicio del Poder y no al de la Constitución”, enfatizó.
Persecución
En este sentido, Himiob rechazó que las liberaciones otorgadas hayan sido “a medias”, pues todas están bajo medidas cautelares.
“El mismo Rosmit Mantilla (diputado suplente) que en principio se había anunciado su libertad plena, no es verdad, quedó en libertad bajo presentación cada 20 días, te das cuenta que aunque estén en libertad, al final el proceso penal contra ellos continúa”, alegó.
Para Himiob el diálogo nacional hizo que el Gobierno aumentara su capital de negociación con estas nuevas fichas, “pues las utiliza como tales”, fustigó.
Comparación
Desde el mandato de Hugo Chávez muchos fueron los castigados por oponerse públicamente a su gestión. Sin embargo, si se contrasta con el actual Gobierno, la cantidad de detenidos se ha incrementado significativamente.
Himiob recordó que cuando Chávez dejó el poder quedaron 11 personas como presos políticos, “eran básicamente los hermanos Guevara y los funcionarios de la policía metropolitana, en aquella época las detenciones no pasaron de 300, pero “desde el 2014, por motivos políticos y por protestar han sido detenidas más de 6 mil personas”, cuestionó, al tiempo que reiteró que Venezuela tiene incluso más presos políticos que Cuba. “Somos quizás el país con más presos políticos”, sentenció.
Del mismo modo, Jackeline Sandoval, directora de la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), afirmó que durante el gobierno de Chávez hubo al menos 297 presos de conciencia, mientras que “en el gobierno de Maduro ha habido alrededor de 8 mil detenciones, y la lista de detenidos tras las rejas se mantiene entre 70 y 100 en apenas tres años”.
Amenaza
Para ambos defensores de los derechos humanos la justicia roja “se ha criminalizado”, pues el derecho a la libertad de expresión y de manifestación está en permanente amenaza, ya que “los motivos que llevan al Gobierno a detener a grupos específicos de ciudadanos no son jurídicos sino políticos”.
Casos emblemáticos
Los arrestos politizados -que representan actualmente una de las herramientas más comunes del Ejecutivo- subyacen tras el llamado del líder opositor Leopoldo López, a protestar el 14 de febrero de 2014 por la devastación económica y social que se vivía en el momento (que ahora se ha agudizado).
Aquella manifestación que dejó 43 fallecidos y centenares de heridos, según cifras oficiales, provocó la ira del oficialismo con la detención de estudiantes y dirigentes políticos de oposición.
López encabeza la lista. El dirigente de Voluntad Popular se entregó a las órdenes del Estado cuatro días después de la marcha, por presuntos delitos de terrorismo, incitación a delinquir y daños a la propiedad. El Ministerio Público lo acusó por homicidio intencional en perjuicio de Juan Montoya y Bassil Da Costa.
Acompañado de una multitud el líder opositor se despidió del pueblo con un: “no me voy a ir de Venezuela nunca”.
A pesar de que sus abogados denunciaron que en este caso no se respetó ni el debido proceso legal ni las garantías judiciales, y tras varias audiencias diferidas, el 10 de septiembre de 2015 finalmente la Jueza Susana Barreiros dio a conocer su sentencia: 13 años y 9 meses, 7 días y 12 horas.
Con él fueron condenados también los estudiantes, Christian Holdack, Ángel González y Demián Martín, bajo medidas alternativas de cumplimiento de la pena.
En la actualidad este tipo de “represiones” también la han sufrido empresarios del país. El caso más reciente fue la detención de los directivos de Credicard, luego que el 2 de diciembre el Jefe de Estado denunciara un presunto “sabotaje cibernético” contra el sistematecnológico de intercambio comercial, que impidió las transacciones a través de los puntos de ventas.
Desde el Foro Penal estas acusaciones fueron rechazadas. Gonzálo Himiob recalcó que el presidente Maduro los responsabilizó a priori, abusando de sus funciones. “Cuando tú ves que eso sucede te das cuenta que el Gobierno está buscando “chivos expiatorios” para justificar una falla que le es propia”, repudió.
2016-12-27