2001.com.ve |Mariángel Rodríguez
El representante de la Mesa de la Unidad (MUD) ante el CNE, Vicente Bello, indicó que el informe entregado por el Consejo Nacional Electoral al Tribunal Supremo de Justicia es el expediente administrativo correspondiente a las impugnaciones de los diputados electos en: Amazonas, Yaracuy, Aragua, Falcón y la circunscripción indígena de la zona Sur.
Bello indicó que, tras la entrega del documento emitido por el CNE, la Sala Electoral del máximo judicial tiene “toda la información necesaria para pronunciarse sobre el fondo de la materia”, además dentro del lapso de tiempo estimado, han tenido el necesario para evaluar las pruebas.
En concordancia con el punto anterior, Ramón José Medina, abogado defensor de los diputados impugnados de los estados Amazonas, Yaracuy, Aragua, Falcón y la circunscripción indígena de la región Sur, afirmó que el órgano electoral está obligado a presentar dos tipos de informes: los antecedentes administrativos y el informe sobre el fondo o fundamento del tema.
“De acuerdo a la Ley del TSJ, luego de una impugnación, el tribunal solicita al CNE el expediente administrativo del caso (las actas de las mesas, las actas de las juntas regionales y un informe con la descripción de lo sucedido durante la elección), el directorio del órgano electoral no se ha pronunciado sobre el fundamento de ninguna de las impugnaciones”, explicó Bello.
Con respecto a los casos de los circuitos: 1 de Amazonas, 2 de Yaracuy, 2, 3, 4, de Aragua y los circuitos de la Zona Sur Indígena, la Consultoría Jurídica del Poder Electoral develó su posición sobre los votos nulos, que “no son capaces de anular ningún evento electoral”.
Por otro lado, sobre el tema de la impugnación de todo el estado Amazonas, Medina aseguró que el árbitro electoral no ha enviado el informe ante el supremo.
Asimismo, Bello reiteró que dicho caso “está basado en una supuesta grabación de una conversación en donde una secretaria, con un grupo de personas, afirmó que se estarían comprando votos”, por lo que reiteró que dicha denuncia no puede ser calificada de impugnación electoral porque corresponde a una investigación penal, que debe llevar a cabo la Fiscalía General.
Por último, Medina también asegura que el escrito presentado en los juicios por la parte acusadora (el oficialismo), son todos iguales, “en cuanto al fundamento jurídico y de doctrina”, lo que a su criterio evidencia el ejercicio de acciones para utilizar al Tribunal Supremo con la intención de dejar sin efecto a la mayoría calificada de la oposición ante el Parlamento.
2016-03-03