Pedro Leal / [email protected]
A propósito de cumplirse 26 años de “El Caracazo”, conversamos con Liliana Ortega, abogada especialista en Derechos Humanos (DDHH), y miembro fundadora del Comité de Familiares de las Víctimas de El Caracazo (Cofavic).
Sin hacer comparaciones, Ortega detalla que tanto en el pasado como en nuestros días, la violencia y la impunidad siguen reinando en Venezuela. Su aseveración la sustenta en que luego de 26 años del mencionado estallido social no hay un solo condenado por las más de 600 muertes ocurridas (cifra oficializada por el Estado venezolano).
Subraya el retroceso que representa la aprobación del uso de armas de fuego por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en manifestaciones pacíficas, resolución que pide sea derogada a la brevedad posible.
-¿Qué tan difícil resulta luchar por los DDHH en Venezuela?
Como organizaciones no gubernamentales mantener nuestra independencia y nuestra autonomía es esencial, por lo que no resultamos actores simpáticos para los gobiernos. En estos últimos años hemos tenido un debilitamiento de las garantías de trabajo los defensores de Derechos Humanos: hostigamientos, amenazas, criminalización. Esto revela que cada vez es menos tolerable cualquier crítica de quienes ejercen funciones de Estado.
Todo esto obedece a que hay una política de Estado para minimizar las posibilidades a que organizaciones de Derechos Humanos puedan actuar de una manera independiente y presentar casos.
Esto es un grave error, porque para el gobierno poder avanzar en la agenda de DDHH, tiene obligatoriamente que articular esfuerzos con este tipo de organizaciones, pero no bajo la pretensión de embargar nuestra independencia, ni nuestra autonomía.
-¿No son ustedes enemigos de los esfuerzos que aseguran hacer desde el Ejecutivo para combatir la impunidad?
Acompañamos a las víctimas de El Caracazo estando Pérez en Miraflores, ahora cuando hicimos lo propio con casos de presunta tortura en protestas estudiantiles del 2014, nuestros informes mantienen coherencia con nuestro mandato. No estamos haciendo nada que no hicimos en el pasado.
El Estado está obligado a investigar las violaciones y sancionarlas, no a actuar con solidaridad automática que luego se convierte en complicidad. No hay que elogiar políticas que sabemos no están ajustadas a derechos, sino aislar esos casos para que se no se vuelva cotidiano.
En Venezuela hay mayor violencia en estos días por el déficit de institucionalidad democrática.
Si algo tienen asegurados quienes cometen crímenes en Venezuela, en el ámbito de Derechos Humanos, es que no van a ser investigados.
-Para quienes denunciaron el uso excesivo de la fuerza pública en 1989, ¿cuál es la razón principal para solicitar la derogación de la resolución 008610? ¿Temen otro Caracazo?
La situación de El Caracazo correspondió a una situación coyuntural y estructural de ese momento. La resolución 008610 es inconstitucional, pero además encierra en su texto elementos que para nosotros han sido endémicos en Venezuela y que hoy día suponen una mayor amenaza.
En Venezuela en vez de avanzar en materia de Derechos Humanos, reconociendo de su propia historia, aprendiendo de sus propias lecciones, lo que hace ahora es darle este duro revés a los Derechos Humanos aprobando esta resolución. Por eso hemos pedido al Estado venezolano que se derogue de inmediato.
-¿El problema es la resolución 08610? ¿Acaso antes de la aprobación de la misma no había excesos por parte de la fuerza pública?
En los últimos dos años hemos registrado uso desproporcional de la fuerza pública que preocupa. Esto, de hecho, ha encendido alarmas del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, también Amnistía Internacional, y ha obligado a pronunciarse al Alto Comisionado de Derechos Humanos, todos suficientemente documentados.
El Gobierno venezolano debería ser el primer interesado en evitar que estas situaciones se prolonguen, y el primer paso para ello debe ser la derogación de la resolución 08610 y comenzar a aplicar las armas válidas en democracia: diálogo y persuasión.
-Ante una eventual profundización de excesos de fuerzas de seguridad, ¿con qué o quién cuentan las víctimas?
En el mundo democrático no es posible soslayar los Derechos Humanos, no es posible obviarlos, tienen una omnipresencia. En el caso de abandonar la Cidh se encuentra con la ONU, y abandonar las Naciones Unidas es bastante difícil, existe también el Tribunal Penal Internacional (con sede en La Haya), así como la Jurisdicción Internacional. Una de las ganancias que tenemos en este siglo, sin duda alguna es la implementación de instrumentos y medios para la protección y exigibilidad de Derechos Humanos en el ámbito internacional.
Hay una reducción de la tutela de las víctimas, sin duda alguna, con la denuncia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque todos los casos que han ocurrido después que esta denuncia se materializó no podrán llegar a la Cidh, pero esto le da una mayor responsabilidad al sistema de Naciones Unidas, que a mi entender lo ha entendido bien.
-¿Considera viable que el Estado venezolano acate los llamados de estas instancias?
Es indispensable. Quienes están aconsejando, en materia de Derechos Humanos, al gobierno los están llevando por rumbo equivocado.
Entrevista aparecida en la edición impresa de 2001 del 01/03/2015