Stefany Izquiel | [email protected]
Luego de la promulgación de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, anunciada por el presidente Nicolás Maduro en junio de 2013, según el Ejecutivo Nacional, más de 500 mil armas ilícitas han sido destruidas. Sin embargo, expertos aseguran que la realidad es que los resultados de esta medida son distintos.
El propósito de la creación de dicha ley fue garantizar la seguridad a los ciudadanos venezolanos y disminuir los índices delictivos, informó el entones defensor del pueblo, Tarek William Saab, quien además aseguró que la medida traería consigo la disminución de crímenes “a mano armada”, de los que semanalmente, cientos de venezolanos aún siguen siendo víctimas, según el Observatorio Nacional de Violencia (OVV).
Resultados contradictorios. Aunque el Ejecutivo Nacional anunció en marzo de este año que la incautación de más de 500 mil armas de fuego “provenientes en su mayoría de delincuentes” (desde el 2013) y posteriormente destruidas, disminuyeron la tasa de homicidios, el último estudio realizado por el OVV en materia de asesinatos arrojó que Venezuela es el segundo país con mayor índice de asesinatos a “mano armada”, con un aproximado de 28.479 muertes violentas en 2016.
Dicho estudio, revela un aumento de 604 homicidios, en comparación con el año 2015, en el cual 27.875 ciudadanos murieron por causas violentas.
Olvidaron proceder. La última medida pública de desarme que tomó el Gobierno Nacional fue en septiembre de 2016, cuando el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, hizo entrega de equipos electrodomésticos a más de 80 personas, quienes “voluntariamente” dieron sus armas de fuego a cambio de los beneficios prometidos.
Sin embargo, Fermín Mármol García, criminólogo, aseguró que los antisociales pertenecientes a las bandas delictivas “más articuladas” no entregarán su armamento, pues esto traería consigo una persecución contra ellos.
Aplicación fallida. Según Luis Izquiel, abogado penalista y criminólogo, hay varios errores que comete el Ejecutivo Nacional al aplicar la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones en el territorio nacional. Para él, una de los errores más graves en la metodología que ha implementado el Gobierno desde la reforma de la Ley para el Desarme, promulgada en el 2002, es el discurso contradictorio. “Los que están gobernando dicen que esto es una revolución armada. En muchas ocasiones han instado al pueblo venezolano a que aprendan a utilizar armas largas y al día siguiente intentan desarmar a la población. Un gobierno con discurso armamentista no puede llamar al desarme”.
Para Izquiel, esto es un elemento que afecta los resultados de la ley, pues el mensaje que se les trasmite a los ciudadanos es ambiguo. Otro de los factores que dificulta la implementación de este decreto es el “estado precario” en el que se encuentran la mayoría de los cuerpos de seguridad ciudadana, pues según el criminólogo, los cuerpos policiales son los responsables de aplicar el desarme a los delincuentes.
Tipos de desarme. Luis Izquiel informó que hay dos formas de desarmar a una población: voluntariamente o de manera forzosa.
La voluntaria va dirigida a quienes poseen armas de fuego en desuso, y en cambio están interesados en recibir un beneficio determinado que les ofrecen los gobernantes.
El desarme forzoso u obligado es aplicado a delincuentes quienes han cometido actos ilícitos con una determinada arma de fuego que adquieren en el mercado negro.
Triunfo mundial, fracaso nacional. Algunos países del mundo, como Brasil y Argentina, emplearon un método desarme a través de varias actividades y metodologías, las cuales les permitió lograr el propósito de la medida.
En ambas naciones, comentó Izquiel, se realizaron campañas de concientización, previas al anuncio de la medida, en las que se promovía la entrega voluntaria.
“Otro factor clave fue los lugares que se estipularon para la entrega de las armas. Ni en Brasil o Argentina eran dependencias gubernamentales o comandos policiales.
En ambas naciones, los centros de recolección, fueron establecidos en sedes de ONG o en iglesias católicas, lo que le daba más confianza a los ciudadanos”, señaló Izquiel.
2017-10-24