EFE
El Parlamento de Venezuela sigue atascado en la diatriba de si debió o no juramentar a tres diputados que habían sido suspendidos por el máximo tribunal del país, una decisión que la oposición lleva con terquedad aunque los ponga en riesgo de incurrir en desacato.
Pese a que la oposición venezolana tomó posesión de la mayoría calificada de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) el pasado martes, y con ella el control de la Cámara, los conflictos para hacer sentir su poder son casi los mismos de los últimos 17 años durante los que fueron minoría.
La confrontación institucional continúo hoy con la aseveración del primer vicepresidente del Parlamento venezolano, el opositor Enrique Márquez, quien aseguró que la decisión del Supremo de suspender cautelarmente la investidura de tres de sus diputados no puede ser acatada por su bancada pues iría contra la voluntad popular y contra la Constitución.
"Esta decisión cautelar de la Sala Electoral (del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) (…) no la podemos acatar sencillamente porque estaríamos nosotros entrando en desacato entonces de algo que no vamos a hacer, que es el desacatar la voluntad popular y desacatar nuestra Constitución", dijo Márquez en rueda de prensa.
El parlamentario, acompañado del presidente de la AN, Henry Ramos Allup, y del secretario ejecutivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, dijo que el Ejecutivo quiere plantear una "guerra de poderes" al solicitar al TSJ la nulidad de la nueva AN por haber investido a los diputados.
La mayoritaria bancada opositora denunció que con esto el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, trata de impedir las actuaciones de la nueva AN que, según los resultados electorales del pasado 6 de diciembre, quedó conformada por 112 diputados de la MUD y 55 del chavismo.
Márquez argumentó que el artículo 5 de la Constitución "establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo que la ejerce directamente" según lo previsto en las leyes "e indirectamente mediante el sufragio".
Señaló, en este sentido, que el sufragio está por encima de cualquier otra consideración y que esa figura electoral y la Constitución le dan a la AN "la posibilidad de calificar a los diputados".
Asimismo, recordó que el artículo 200 de la Constitución señala textualmente que los diputados de la AN "gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo".
Por este motivo, dijo Márquez, los tres diputados electos por el estado Amazonas (sur) cuya investidura fue suspendida por el TSJ "tienen su inmunidad parlamentaria desde el momento en el que la junta electoral regional" de esa región los proclamó como parlamentarios, "y una vez proclamados, nadie puede detener su juramentación".
El parlamentario recordó que el 9 de enero de 2013, con motivo de la duda legal que se creó por la ausencia del entonces presidente electo Hugo Chávez (1999-2013) por motivos de salud, el TSJ emitió un fallo en el que señaló que cualquier pretensión de anular una elección o desproclamar a un funcionario electo está al margen de la Constitución.
"Esta es una jugarreta de la Sala Electoral (del TSJ) el pretender impedir la juramentación de nuestros compañeros de Amazonas a quienes vamos a defender, no hay desacato alguno y lo demostraremos", dijo Márquez.
Apuntó que la bancada opositora acudirá a Sala Electoral y Constitucional del TSJ para defender a sus diputados de Amazonas y la inmunidad parlamentaria de todos los diputados de la AN.
Entretanto, el país urge por acciones que atiendan los problemas del país al tope de la lista con la inflación más alta del mundo y graves problemas de escasez y desabastecimiento.
En este contexto, la jornada de hoy no fue alentadora para la nación con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo que vio caer la cesta petrolera a 27,87 dólares por barril, el precio más bajo en más de una década.
Por su parte, el vicepresidente económico, Luis Salas, designado por Maduro el pasado miércoles para liderar el equipo que encarará la crisis del país, adelantó hoy que espera una "relación cordial" con el nuevo Parlamento, que ya ha cuestionado esta nueva designación.
El economista aseguró que su gestión pretende no solo salir de la "coyuntura" del país que ha perdido más de 50 % de sus ingresos, sino también que Venezuela "se convierta en una economía productiva".
Su estrategia, aseguró, no contempla "reducir salarios, aplicar ajustes, despedir trabajadores, ajustar la demanda", que, a su juicio, profundizaría las desigualdades.
2016-01-08