AP
Centenares de colombianos iniciaron un éxodo voluntario hacia su país en medio de la crisis fronteriza generada luego de que las autoridades venezolanas decidieron cerrar de manera indefinida los pasos fronterizos en el estado suroccidental de Táchira y declarar un estado de excepción en algunos municipios de esa zona tras el ataque que sufrieron tres militares y un civil cuando realizaban actividades de combate al contrabando.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos exigió consideración por sus compatriotas y dijo que "todo ser humano — aun si estuviera en un país sin todos los papeles legales — merece ser tratado con respeto y dignidad, y merece un debido proceso. Y eso es lo que vamos a exigir".
En su concepto, "allanar las viviendas, sacar a la fuerza a los habitantes, separar las familias, no dejarles sacar sus pocos bienes y marcar las casas para luego demolerlas, son procedimientos totalmente inaceptables y recuerdan episodios amargos de la humanidad que no pueden repetirse".
"Lo que más nos preocupa, por supuesto, lo que es absolutamente intolerable, es el maltrato a nuestros compatriotas, y la afectación a la población en la zona de frontera", afirmó.
Por su parte, su homólogo venezolano Nicolás Maduro le respondió desde su programa de televisión "En Contacto con Maduro" diciendo: "El presidente Santos tiene el tupé hoy de decir que pide respeto para los colombianos. ¿Quién irrespeta a los colombianos? ¿Los que los expulsan de su país, lo que nos les dan vivienda, los que no le dan trabajo, los que no le dan educación? O los venezolanos que tenemos 5.600.000 (colombianos) aquí. Aquí estudian, aquí trabajan".
El gobernante atribuyó los comentarios de Santos a que está siendo engañado por los medios colombianos El Tiempo, la revista Semana y la televisora Caracol, a los que acusó de odiar a Venezuela y de mentir, y dijo que llamaría a par colombiano y le mandaría un enviado especial para llevarle las pruebas de lo que está pasando en la frontera.
"El gobierno colombiano no condena el paramilitarismo, el secuestro, el esclavismo sexual, el asesinato, el intento de asesinato de militares venezolanos, ¿Por qué? Es un debate", señaló Maduro agregando que en la reunión que tendrán las cancilleres el miércoles en Cartagena su gobierno exigirá la definición de soluciones de los problemas fronterizos.
Los colombianos iniciaron desde temprano y bajo un intento sol un éxodo masivo desde la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira atravesando a pie el río fronterizo del Táchira mientras cargaban sobre sus hombros algunos muebles, materiales de construcción, colchones, pequeños enseres, bolsas de ropa, y hasta neveras para llevarlas hasta la ribera colombiana donde se improvisó una especie de depósito al aire libre.
Algunos funcionarios de los cuerpos de seguridad de Colombia se unieron a los civiles para ayudarlos en el traslado de sus enseres en medio del río.
"Hoy empezamos a sacar las cositas…la gente se está llevando todo aquí por una trocha. Se llevan los muebles, escaparates, peinadoras, todo lo que puede", relató con la voz entrecortada Virgélida Serrano, una humilde costurera de 60 años, mientras caminaba por la orilla del río con una bolsa repleta de ropa rumbo hacia un refugio en Cúcuta.
"Nos vamos a Colombia…a ver qué ayuda nos da el gobierno ", dijo entre llantos Serrano al manifestar tristeza por abandonar su humilde casa en la barriada "La Invasión" que fue levantada de manera ilegal en la localidad venezolana de San Antonio muy cerca de la frontera. La costurera indicó a The Associated Press que a pesar de vivir por 12 años en Venezuela y tener sus documentos en regla las autoridades le dieron algunas horas para recoger sus pertenencias y salir de la barriada ilegal que será demolida.
Serrano fue llevada por las autoridades colombianas a un refugio que fue instalado en una escuela llamada "La Parada", cercana a la frontera, donde aseguró que ya recibió alimentos y atención médica.
Al igual que Serrano otros colombianos comenzaron el masivo retorno hacia su país para instalarse temporalmente en la ciudad fronteriza de Cúcuta.
El éxodo voluntario sumado a las deportaciones que han realizado las autoridades venezolanas de 1.118 colombianos indocumentados podría agravar la compleja situación que enfrenta la ciudad fronteriza de Cúcuta, limítrofe con Venezuela, que tiene más de medio millón de habitantes y donde se declaró el estado de calamidad ante la llegada de cientos de personas, en su mayoría pobres.
En dos instalaciones deportivas y cuatro centros comunitarios y de ancianos de Cúcuta y de la pequeña población de la Villa del Rosario se levantaron improvisados refugios donde las autoridades colombianas están alojando a los deportados, algunos de los cuales sólo tienen lo que llevan puesto.
El jefe de la Unidad Nacional de Desastres de Colombia, Carlos Iván Márquez, dijo a la AP que en los refugios están alojadas 608 personas a las que les están dando alimentos, frazadas, colchonetas y enseres de aseo.
Un total de 1.535 colombianos "han decidido retornar voluntariamente al vecino país", indicó la gobernación de Táchira al presentar un balance de las acciones que han ejecutado las autoridades venezolanas luego de cumplirse cinco días del cierre de los pasos fronterizos de las localidades de San Antonio y Ureña.
La gobernación de Táchira agregó en un comunicado difundido en su página de internet que las autoridades venezolanas están prestando asistencia para trasladar hasta el puente internacional a los colombianos que quieren regresar voluntariamente a su país.
Las autoridades venezolanas han deportado a miles de colombianos indocumentados que fueron presentados ante el consulado de Colombia, precisó la gobernación.
El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, mayor general Gustavo González López, anunció que fue capturado el venezolano Wilmer Alexis Tarazona, de 27 años, quien ha sido vinculado al ataque que sufrieron el 19 de agosto tres militares y un conductor civil en San Antonio cuando realizaban operaciones de combate al contrabando y que llevó al gobierno a cerrar los pasos fronterizos.
Las autoridades están tras la búsqueda de otras cinco personas, cuatro de ellas colombianas y una venezolana, que también estarían implicadas en el ataque.
La Cancillería y el Ministerio de Relaciones Interiores de Colombia expresaron el martes su rechazo al cierre de los pasos fronterizos e indicaron en un comunicado conjunto que "no es cerrando la frontera ni deportando colombianos como vamos a resolver los problemas de estas zonas".
El gobierno colombiano rechazó las descalificaciones contra el exmandatario Álvaro Uribe quien fue calificado por el presidente venezolano Nicolás Maduro de "asesino" y "jefe paramilitar" y de promover un plan para derrocar a su gobierno.
26-08-2015