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La defensa del exalcalde de San Cristóbal, estado Táchira, Daniel Ceballo denunció que se ha violado “una vez más” el debido proceso judicial, a 148 días de su reclusión en Ramo Verde.
Los abogados Ana Leonor Acosta, Juan Carlos Gutiérrez y Lester Toledo, manifestaron preocupación ante el hecho de que se le impida a los presos políticos su derecho a la defensa.
Por su parte, Toledo, acompañado de Acosta, el coordinador nacional político adjunto de Voluntad Popular, Freddy Guevara y los concejales Luis Somaza y Edmundo Rada, denunciaron que el pasado jueves se les impidió el acceso a la cárcel militar para tratar temas legales con su defendido.
Aseguraron que ninguno de los representantes de la sede penitenciaria le dio explicaciones, “simplemente dijeron que no podía ingresar al penal”.
“Lo hemos venido diciendo, tanto en el caso de Daniel Ceballos como el de Leopoldo López, Rosmit Mantilla y demás detenidos, estos no son casos jurídicos sino políticos”, exclamó el abogado.
Toledo calificó de “preocupante” la situación y de que “exista la posibilidad de que el Gobierno decida quien tiene derecho a la defensa o no”.
Resaltó que dicha acción viola el artículo 49 de la Constitución Nacional. “La Constitución Nacional es clara en su artículo 49: ´El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: (…) La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa´. Están violentando el derecho a la defensa de Daniel Ceballos. No están conformes las autoridades del penal con meterse violentamente en la madrugada en su celda para hacer una requisa, no están conformes con que estén aislados, no están conformes con que no se le permita presentar las pruebas en el juicio, ahora quieren quitarle la posibilidad de la defensa, impidiendo a sus abogados comunicarse con él. Es una decisión política”.
Además, la jurista Acosta denunció que hubo una orden expresa de la Ministro de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, para impedir el acceso a dirigentes políticos al penal. ”Este hecho es sumamente grave. El coronel Miranda me confesó que tiene una presión y están recibiendo instrucciones del gobierno, a través del ministerio”.
Acosta indicó que en próximos días denunciarán esta nueva violación y el abuso de Derechos Humanos y a la defensa de los presos políticos.
2014-08-15