Redacción 2001.com.ve | Joan camargo |[email protected]
El retardo procesal es quizás el problema más común en el ya agravado sistema judicial venezolano. En mucho de los casos, los imputados deben esperar más de cinco años para la realización de la audiencia preliminar.
La postergación de los expedientes en su mayoría se debe a causas como: poca experiencia de los jueces y fiscales, problemas de traslados, hacinamiento de los recintos carcelarios, incumplimiento de la labor por parte de los fiscales o retrasos en la celebración de las audiencias preliminares, por falta de argumentos contundentes que le sirva al Poder Judicial para imputar a los privados de libertad.
Arma política
En el sector político también existen factores que ocasionan el retardo procesal de los dirigentes incriminados, al pasar de los años se ha evidenciado cómo en muchos de los casos interfiere la mala ejecución de la labor de los jueces por miedo o influencias del Gobierno.
A pesar de la existencia del retardo procesal como problema que entorpece la celebración del juicio, se han evidenciado casos donde realmente el Gobierno se ve interesado por la realización del mismo, donde desde cadenas presidenciales o mítines políticos ordenan al Poder Judicial a realizar detenciones.
Cuando el Gobierno necesite resolver un caso con premura es donde realmente se lleva a cabo el debido proceso con la celeridad que se amerita. Mientras que en los juicios realizados a los presos políticos en Venezuela la suspensión o postergación del dictamen es el pan nuestro de cada día.
Anulación
Para el diputado y presidente de la Comisión de Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, Richard Blanco, el Poder Judicial es un instrumento que utiliza el Gobierno Nacional para anular a quienes levanten su voz en contra de las arbitariedades que ocurren a diario en Venezuela.
Irrespeto legal
La falta de autonomía del Poder Judicial es aprovechada por el Gobierno para tomar las medidas que beneficien al mismo. Uno de los casos más agravantes es el de la jueza María Lourdes Afiuni, privada de libertad en diciembre de 2009 por órdenes del presidente Hugo Chávez, lo que va en contra de lo establecido en el artículo 26 de la Constitución, el cual establece que: "El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autonoma, independiente, responsable, equitativa y expedita".
El diputado Blanco asegura que la causa del irrespeto a la Constitución y a todas las leyes de la República se debe a que el modelo político del Gobierno se basa en mantener el control de todos los poderes, lo que representa una violación a la institucionalidad democrática de Venezuela.
Lo correcto
El Código Orgánico Procesal Penal estipula que el juicio debería tener sentencia antes de los dos años. Si el imputado no tiene un dictamen final después de transcurrido este tiempo se debe dejar en libertad bajo medidas cautelares y seguir el procedimiento por el lapso necesario.
Lo que se hace
Actualmente, se aprecia con facilidad cómo se viola lo que establece el reglamento, dado que después del tiempo estipulado se mantiene la detención y se inicia por completo la investigación del caso, sin importar lo que dure el recluso en prisión.
Esta problemática es muy evidente en toda la población penitenciaria, se calcula que el 70% de los presos venezolanos carece de un dictamen final que les garantice un tiempo máximo de reclusión.
Richard Blanco sostiene que el alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, tiene 508 días preso injustamente, dado que no se le ha podido comprobar ningún tipo de delito. "La Organización de Naciones Unidas ha dictaminado que tienen que liberarlo de manera inmediata porque no se le hizo un antejuicio de mérito como lo establece la Constitución".
"Sin embargo, el Gobierno se empeña en mantenerlo preso, sin importar lo que los organismos internacionales sentencien", aseguró Blanco.
Reforma
Después de la reforma al Copp decretada en 2012 por el expresidente Hugo Chávez, se cambiaron algunos de los procedimientos de la ejecución del litigio, lo que de cierta manera les generó un beneficio al Gobierno a la hora de ejecutar un juicio político. Entre ellas destacan que la audiencia se puede celebrar a puerta cerrada, sin presencia del acusado y con la designación a dedo de los jueces o fiscales, mecanismos que aumentan la posibilidad de generar irregularidades en la realización de proceso.
Todo se paga
Richard Blanco expresa que en un futuro todos los cómplices de la política injusta que ejecuta el TSJ pagarán con cárcel cada uno de los atropellos que han cometido. "Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y algún día tendrán que verle la cara a la justicia verdadera", dijo. Asimismo, aseguró que la única solución factible a los problemas que presenta el Poder Judicial es la realización del RR este año, para poner orden en el Ejecutivo y nombrar un Presidente que no se entrometa en los otros poderes del Estado.
La Lógica
Más allá de atacar el retraso procesal con la finalidad de crear un sistema judicial más eficiente, se debe trabajar en la devolución de su autonomía natural. Mientras el Ejecutivo siga teniendo influencia en el sistema judicial se seguirán presentando irregularidades con respecto al caso de las detenciones y juicios a presos políticos que se encuentran sin sentencia.
En espera
"De los 116 presos políticos que existen en Venezuela, sólo el 10% está enjuiciado", dijo Jackeline Sandoval, Directora de Fundepro.
2016-07-15